Luiz Inácio Lula da Silva firmó el veto a la ley que pretendía reducir las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado de 2023. Lo hizo en medio de un fuerte discurso de defensa de la democracia.
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“Las personas que cometieron un crimen contra la democracia tienen que pagar por sus actos”, afirmó el presidente de Brasil este jueves 8 de enero, al cumplirse 3 años del intento de golpe de estado encabezado por el expresidente Jair Bolsonaro.
Luiz Inácio Lula da Silva, decidió vetar el proyecto de ley aprobado por el Congreso que reducía de manera significativa las penas vinculadas al intento golpista del 8 de enero de 2023, una semana después de la asunción del actual Gobierno. La iniciativa establecía un recorte de más de 27 a cinco años de prisión para Jair Bolsonaro y otros condenados por los hechos ocurridos en Brasilia.
El veto fue firmado durante un acto oficial en el Palacio del Planalto, en el marco del tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes del Estado por parte de simpatizantes del Partido Liberal. La norma había sido sancionada en 2025 por la Cámara de Diputados y el Senado, y alcanzaba tanto al ex presidente como a otros involucrados en los disturbios.
Lula advirtió que la aplicación de la ley implicaría beneficios “para quienes atacaran la democracia brasileña”. La legislación anulada contemplaba una reducción generalizada de las condenas impuestas por los crímenes contra el orden institucional. La postura había sido anticipada meses atrás, de hecho, en diciembre había señalado que “cuando llegue a mi mesa, lo vetaré”. Y, más tarde, en una conferencia de prensa, sostuvo que “las personas que cometieron un crimen contra la democracia tienen que pagar por sus actos” y aclaró que él tiene “derecho a vetar”, así como el Congreso “tiene derecho” a revertir su decisión.
El proyecto había sido impulsado por sectores de la oposición que, en una primera instancia, promovían una amnistía general, aunque posteriormente la iniciativa fue reformulada y limitada a los delitos contra el Estado Democrático de Derecho. Durante el debate legislativo del mes pasado, el senador Esperidião Amin afirmó que “la intención siempre fue corregir distorsiones en las condenas vinculadas a los hechos del 8 de enero”.
El veto presidencial no cierra definitivamente el trámite legislativo, ya que el Parlamento puede anular la decisión si así lo resuelve. En ese escenario, la medida beneficiaría a Jair Bolsonaro, quien el 11 de septiembre de 2025 fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por “liderar” un complot golpista destinado a “perpetuarse en el poder”.
