El Gobierno peruano declaró, por 30 días, el estado de emergencia en Lima Metropolitana y su vecina provincia del Callao para hacer frente al incremento de las acciones criminales que se han venido registrando en los últimos días, que incluyen homicidios.
La Policía Nacional mantendrá “el orden interno” con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La Policía determinará las zonas donde necesita ese apoyo.
En el marco del estado de emergencia, queda suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Asimismo, la norma legal sostiene que la intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas se efectuará conforme a lo dispuesto en las leyes del país, que establecen “reglas de empleo y uso de la fuerza” militar en el territorio nacional.
También se enmarcan en el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”.
“Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia declarado por el artículo 1 del presente Decreto Supremo, la Policía Nacional del Perú debe presentar al titular del Ministerio del Interior, un informe detallado de las acciones realizadas durante la declaratoria del régimen de excepción y los resultados obtenidos”, señala el texto.
Este decreto sustenta que la emergencia ha sido declarada ante “el incremento del accionar criminal y la inseguridad ciudadana, derivados del aumento de la comisión de delitos de homicidio, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, entre otros, en las circunscripciones antes mencionadas”.
