El Gobierno avanzó con la venta del 90% del paquete accionario de AYSA hoy en manos del Estado. Milei y Caputo buscan sumar dólares para los vencimientos de deuda externa con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno nacional avanza en la entrega de sus recursos. Ahora con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender la totalidad de las acciones que actualmente posee el Estado nacional en la empresa.

La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo, quien ayer había adelantado la medida en sus redes sociales.

Privatizan el 90% de AySA

La operación contempla la venta del 90% del paquete accionario de AySA, actualmente en manos del Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará bajo titularidad de los empleados de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada.

La privatización se realizará mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, sin base, destinada a seleccionar un “operador estratégico” para la empresa.

El proceso se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde estarán disponibles el pliego de bases y condiciones y toda la documentación vinculada a la operación.

Cómo será el proceso

La resolución establece que el llamado deberá publicarse durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y en el portal internacional DGMARKET del Banco Mundial. También se difundirá en los sitios web del Ministerio de Economía y de AySA.

Además, el Gobierno fijó un plazo mínimo de 45 días corridos entre la publicación y el vencimiento para la presentación de ofertas.

El cronograma oficial prevé que las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 27 de agosto a las 9:59.

Ese mismo día, a las 10, se llevará adelante la apertura de sobres mediante un acto público electrónico.

El plan de privatizaciones del Gobierno

AySA no es un caso aislado. Hace tan solo dos días se adjudicó la privatización de Transener, la empresa que administra parte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con unos 20 mil kilómetros de líneas de transmisión eléctrica de alta tensión que atraviesan el país de norte a sur.

Es la transportista de energía más grande del país, con el 85% de la operación y el control sobre el 15% restante, de la cual el Estado a través de ENARSA tiene control operativo. El 52% de las acciones de Transener son de CITELEC, empresa manejada por ENARSA, o sea el Estado, que tiene el control operativo, y Pampa Energía, empresa de Marcelo Mindlin.

La adjudicación se hará efectiva en dos semanas a cambio de 356 millones de dólares que van a pagar en partes iguales los grupos Genneia y Edison Transmisión.

Se han quedado con pozos de Chubut y Santa Cruz, cuencas maduras de las que YPF se retiró. También operan Edersa en Río Negro y la generadora Harz Energy en Córdoba. También aparecen como accionistas de Edison Transmisión Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, los dueños de Newsan, la empresa más importante del régimen de Tierra del Fuego.

Junto a los Neuss ya compraron las distribuidoras eléctricas Edet de Tucumán y Ejesa de Jujuy, la central hidráulica Potrerillos en Mendoza y la transportadora regional del Litoral Litsa. También tienen entre su lista de deseos Edesur, hoy en manos del grupo italiano Etel.

Por otro lado, el Gobierno también avanza para completar este año la privatización de Metrogas, la principal distribuidora de Gas del AMBA con más de 5 millones de usuarios, con la que busca conseguir otros 700 millones de dólares. El 70% de la compañía pertenece a YPF, que tiene el control operacional.

El destino del dinero proveniente de estas privatizaciones, sumado a la cosecha y la compra de reservas, será el pago de la deuda externa: el Gobierno tiene vencimientos de 4300 millones de dólares con acreedores privados en junio y otros 2500 millones hasta septiembre con el FMI.