El ajuste, los despidos, el desmantelamiento del sistema científico, el ataque a jubilados y personas con discapacidad y la exhibición permanente del castigo no son hechos aislados. Forman parte de una estrategia política que busca disciplinar a la sociedad mediante el miedo, la humillación y la naturalización de la desigualdad.
Silvia Abaca
Periodista y consultora
Hay frases que resumen una época. Cuando el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que frente al aumento del gas las familias deberán “tratar de abrigarse más”, no cometió un error comunicacional ni una imprudencia. Puso en palabras la esencia de un modelo de gobierno que ha decidido convertir la crueldad en política de Estado.
No se trata solamente del gas. Tampoco de la electricidad, el agua o los alimentos que aumentan mientras los salarios y las jubilaciones continúan perdiendo poder adquisitivo. La frase sintetiza una forma de concebir la sociedad: quien no puede pagar, que se arregle como pueda. El Estado deja de garantizar derechos para convertirse en un simple espectador del mercado.
La misma lógica atraviesa los despidos masivos en organismos estratégicos como el CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica. No es un ajuste administrativo. Es el desmantelamiento deliberado de capacidades científicas y tecnológicas construidas durante décadas, la expulsión de investigadores altamente calificados y la renuncia a un proyecto de desarrollo soberano.
La crueldad también se expresa cuando miles de personas con discapacidad deben volver a demostrar una y otra vez que necesitan una pensión para vivir; cuando los jubilados son sistemáticamente condenados a perder ingresos mientras se les responde con represión cada vez que reclaman; cuando el acceso a la salud, a los medicamentos o a los servicios públicos deja de ser un derecho para transformarse en un privilegio reservado a quienes pueden pagarlo.
Cada una de estas decisiones parece responder a un conflicto distinto. Sin embargo, todas forman parte de un mismo programa político. No gobiernan a pesar de la crueldad: gobiernan mediante la crueldad.
La historia argentina conoce de sobra los proyectos que utilizaron el miedo como herramienta de disciplinamiento social. La última dictadura cívico-militar recurrió al terrorismo de Estado para imponer un modelo económico de concentración y endeudamiento. Durante la década de 1990, el desempleo masivo operó como un mecanismo de control sobre el mundo del trabajo: millones aceptaban cualquier condición laboral porque sabían que detrás de ellos había otro dispuesto a ocupar su lugar. Cada etapa construyó sus propios instrumentos de disciplinamiento.
La diferencia del presente radica en que el castigo ya no se oculta: se exhibe. Se comunica. Se celebra. La humillación del otro se convierte en espectáculo y en mensaje político. La antropóloga Rita Segato denomina a este fenómeno “la pedagogía de la crueldad”: un proceso mediante el cual el sufrimiento de unos funciona como advertencia para el conjunto de la sociedad. La crueldad deja de perseguir únicamente a la víctima inmediata y se transforma en una lección dirigida a todos.
Algo similar advirtió Hannah Arendt al estudiar los regímenes autoritarios del siglo XX. La deshumanización comienza cuando determinados grupos dejan de ser considerados sujetos de derechos para convertirse en categorías descartables. El científico pasa a ser “la casta”; el jubilado, un costo fiscal; la persona con discapacidad, una sospechosa; el trabajador estatal, un privilegio a eliminar. Antes de atacar derechos, se despoja a las personas de su condición de semejantes.
La crueldad, además, necesita ser exhibida. No alcanza con despedir científicos; hay que ridiculizarlos. No basta con ajustar a los jubilados; hay que descalificar sus reclamos. No es suficiente revisar pensiones por discapacidad; hay que instalar previamente la sospecha de que quienes las perciben son potenciales estafadores. La humillación deja de ser un efecto colateral para convertirse en una herramienta de comunicación política.
El mensaje está dirigido a toda la sociedad: nadie está a salvo. Hoy son los investigadores, ayer fueron los trabajadores estatales, los docentes, los artistas, las organizaciones sociales o los jubilados. Mañana podrá ser cualquier otro sector. La construcción permanente de enemigos internos busca fragmentar a la sociedad para impedir que advierta que todos están siendo alcanzados por un mismo proceso de concentración económica y de transferencia de recursos hacia los sectores más poderosos.
No sorprende, entonces, que el propio Javier Milei haya celebrado recientemente que su gobierno “logró hacer cosas que ni los militares lograron hacer”. Más allá de la polémica que provocó la frase, la comparación resulta reveladora porque expresa la voluntad de avanzar sobre derechos, instituciones y consensos construidos durante cuarenta años de democracia. No se trata de establecer equivalencias simplistas entre procesos históricos profundamente distintos, sino de advertir que el propio Presidente eligió a la dictadura como parámetro para medir la profundidad de sus reformas.
En ese marco también adquieren significado los gestos políticos. La inédita presencia de Milei en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en la embajada de ese país no constituye un simple acto protocolar. Expresa una concepción del mundo. Mientras puertas adentro se desmantelan organismos científicos, se debilitan capacidades estratégicas, se ajusta sobre jubilados, trabajadores y personas con discapacidad, puertas afuera se exhibe un alineamiento sin matices con los grandes centros del poder económico y político internacional.
No es casualidad. El proyecto económico necesita un Estado reducido a su mínima expresión, incapaz de regular mercados, proteger la producción nacional, impulsar la investigación científica o garantizar derechos sociales. Necesita también una sociedad resignada, individualista y convencida de que el sufrimiento propio y ajeno es una consecuencia natural del mérito o del fracaso personal.
Por eso el verdadero debate no pasa únicamente por una tarifa, un despido o una pensión. Lo que está en discusión es el modelo de país. Uno donde la ciencia sea considerada un gasto y no una inversión; donde la discapacidad despierte sospechas antes que solidaridad; donde envejecer signifique pobreza; donde la energía, el agua y el gas sean mercancías antes que derechos esenciales.
Gobernar es elegir. Este gobierno eligió que el mercado valga más que las personas, que el equilibrio fiscal pese más que la dignidad y que la obediencia sea más importante que la solidaridad.
Quizá por eso la frase “abríguense más” provocó tanta indignación. No porque hablara del frío, sino porque hablaba de un país. Un país donde el Estado ya no protege, sino que observa; donde el mercado reemplaza a la solidaridad; donde la crueldad deja de ser un exceso para convertirse en virtud política. Y cuando el propio Presidente reivindica haber avanzado donde —según sus palabras— “ni los militares lograron hacerlo”, el sentido de esas políticas aparece con mayor claridad. El daño ya no es solamente económico. Es moral, cultural y democrático. Porque cuando una sociedad termina aceptando el sufrimiento de los más vulnerables como algo natural, la crueldad deja de ser un método de gobierno para convertirse en una forma de organización social.
