“Nos querían hacer retroceder un siglo en materia de derechos laborales y no pudieron”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La Justicia admitió la acción de amparo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y suspendió los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25 que limitaba el derecho a huelga.

“Esto es un golpe para un Gobierno antidemocrático y un avance trascendental para todos los trabajadores”, indicó el referente sindical.

La jueza nacional Moira Fullana dió lugar a la medida cautelar «en relación con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y los trabajadores representados por la entidad gremial». La jueza consideró que el decreto impulsado por el Gobierno «atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Convenio 87 de la OIT y nuestra Constitución».

Es necesario recordar que el decreto impulsado por Javier Milei disponía la reglamentación del derecho de huelga en servicios como transporte, educación y salud, por el cual obligaba a los sindicatos que protesten garantizando un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%. La norma fue firmada por el presidente y sus 9 ministros.

“Nadie puede sorprenderse con esta decisión judicial. Estamos frente a un decreto que es manifiestamente inconstitucional. El derecho de huelga es el derecho humano fundamental que tenemos los trabajadores. Esta resolución comprueba que tenemos un Gobierno que todos los días ataca la institucionalidad en nuestro país y reduce los espacios democráticos en los que debiéramos convivir”, agregó Aguiar.

La justicia entiende que el único titular de la función legislativa, es decir el Congreso Nacional, se encuentra realizando sesiones ordinarias y que, por lo tanto, no hay necesidad, urgencia o una situación grave de perturbación económica, social o política que habilite la reglamentación vía DNU de un derecho fundamental como el de huelga.

Además, encuentra acreditado el peligro en la demora, ya que el decreto podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical, es decir el derecho de huelga, que tienen la más amplia garantía legal y supralegal (en el plano internacional).