El juez federal Martín Cormick declaró este lunes la nulidad del protocolo que impuso Bullrich en diciembre de 2023. Bajo está medida las fuerzas de seguridad reprimieron múltiples protestas desde que comenzó el gobierno de Javier Milei.

Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a la acción de amparo colectiva presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la “nulidad absoluta e inconstitucionalidad” de la Resolución 943/23.

El magistrado determinó que el Ministerio de Seguridad “carece de competencia” para dictar una norma de esa naturaleza, ya que intentó legislar sobre materia penal al definir qué conductas constituyen un delito durante una manifestación. Según la sentencia, esa facultad corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo no puede arrogarse funciones legislativas para penalizar la protesta social.

Los argumentos del juez

Entre los argumentos enumerados en el fallo, el juez federal remarcó las garantías para la libre protesta que emanan de varios artículos de la Constitución Nacional. “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, remarcó.

Además, Cormick cuestionó la definición del “impedimento al tránsito” enunciada en el manual represivo, ya que según el texto de Bullrich cualquier acto que disminuya el tránsito de una arteria vehicular era considerada un delito flagrante y susceptible de ser sancionado. En tanto, según el juez, la protesta social implica necesariamente cierto grado de afectación a la circulación.

El protocolo antipiquetes fue impuesto por Bullrich cuando fue designada como ministra de Seguridad, cargo que dejó semanas atrás para asumir su banca en el Senado.