El gobernador Ricardo Quintela avanzó con la presentación judicial por el desvío de recursos del Sistema Vial Integrado. En lugar de aplicarlos a obras y mantenimiento de la red vial nacional, el gobierno nacional de Javier Milei generó un perjuicio concreto con la paralización de obras estratégicas y el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan su territorio.
El Gobierno de La Rioja avanzó ante la Justicia Federal para que la Provincia sea reconocida como querellante en la causa vinculada al desvío de fondos nacionales que, por ley, tienen como destino específico la construcción, conservación y mantenimiento de la red vial del país.
La presentación, encabezada por el gobernador Ricardo Quintela en representación del Estado provincial, plantea la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras figuras cuya determinación definitiva quedará en manos de la Justicia.
La Prov de LA RIOJA @QuintelaRicardo nos presentamos como QUERELLANTES, por DERECHO PROPIO y con el patrocinio letrado del Dr JORGE R YOMA, en la causa por la que se investiga @JMilei @LuisCaputoAR y OTROS por el desvío FRAUDULENTO de $ 1 BILLON, correspondientes al SISTEMA VIAL… pic.twitter.com/j2Ipf6CgYL
— Jorge Yoma (@NegroYoma) August 23, 2026
Denuncia a Milei, Caputo y otros funcionarios
La denuncia alcanza al presidente Javier Milei; al ministro de Economía, Luis Caputo; a funcionarios nacionales vinculados con la administración de los recursos; a autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y a funcionarios del Banco de la Nación Argentina que hubieran intervenido en la operatoria investigada.
El planteo judicial sostiene que los recursos involucrados pertenecen al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), integrado por fondos tributarios cuya afectación específica obliga a destinarlos al financiamiento de obras, conservación y mantenimiento de la red vial nacional.
De acuerdo con la documentación incorporada a la presentación, al 31 de mayo de 2026 los recursos del SISVIAL mantenidos en aplicaciones financieras alcanzaban los $1.001.017.908.957, entre plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional. Para la Provincia, la magnitud y permanencia de esas colocaciones muestran que los fondos fueron utilizados para un destino distinto de aquel para el cual fueron recaudados.
La denuncia señala además que durante los primeros dos años y medio de la actual gestión nacional se asignaron al SISVIAL aproximadamente $1,5 billones, de los cuales apenas unos $394.406 millones fueron efectivamente aplicados a su destino vial. Esto representa una subejecución estimada del 73,8 por ciento. Mientras esos recursos permanecieron inmovilizados o fueron volcados a instrumentos financieros, numerosas obras comprometidas quedaron paralizadas o registraron avances mínimos, al tiempo que se profundizó el deterioro de distintos corredores de la red vial nacional.
Un perjuicio directo para La Rioja
La decisión de la Provincia de intervenir judicialmente no responde solamente a una discusión sobre la administración de recursos nacionales. El planteo sostiene que el desvío y la falta de ejecución de esos fondos produjeron un perjuicio concreto sobre La Rioja, donde el Estado provincial debió asumir con recursos propios tareas que corresponden a la jurisdicción nacional.
Uno de los casos centrales es la Ruta Nacional 76, corredor estratégico para el oeste riojano y para la vinculación internacional a través del Paso de Pircas Negras. La presentación señala que el convenio de Transferencia de Funciones Operativas mediante el cual Vialidad Provincial realizaba tareas de mantenimiento sobre sectores de esa ruta dejó de ser renovado por Nación, pese a lo cual la Provincia continuó garantizando su transitabilidad.
De acuerdo con la documentación incorporada, sólo el sostenimiento de esos trabajos sobre la Ruta Nacional 76 durante la actual gestión nacional significó para las arcas provinciales una inversión cercana a los $900 millones. A esta situación se agrega la paralización de la obra de pavimentación de la Ruta Nacional 76 en el sector de la Quebrada de Santo Domingo, una intervención estratégica no sólo para las localidades del oeste provincial, sino también para consolidar la conexión hacia el Paso Internacional de Pircas Negras y potenciar un corredor bioceánico con Chile.
El planteo describe además situaciones de deterioro sobre las rutas nacionales 78, 79 y 141, con sectores afectados por baches, deformaciones, falta de mantenimiento y condiciones de circulación que comprometen la seguridad de quienes las transitan.
Para el Gobierno provincial existe, por lo tanto, una relación directa entre el desvío y la subejecución de los fondos específicamente recaudados para infraestructura vial y la situación que atraviesan las rutas nacionales en La Rioja y en el resto del país.
Recursos que tenían un destino específico
Uno de los argumentos centrales de la presentación es que los recursos involucrados no constituyen fondos de libre disponibilidad. Su origen y su destino se encuentran establecidos por un régimen legal específico que los afecta al sostenimiento de la infraestructura vial.
La Provincia sostiene que esos fondos debían estar disponibles para afrontar obras y tareas de mantenimiento y que su utilización sistemática para adquirir letras del Tesoro o constituir plazos fijos alteró el objeto para el cual fueron creados.
En ese sentido, la presentación remarca que no se trató de una administración financiera circunstancial de excedentes temporarios, sino de una operatoria sostenida en el tiempo que terminó convirtiendo las colocaciones financieras en el principal destino de recursos que debían financiar obras viales.
La presentación judicial solicita que se investigue toda la cadena de decisiones vinculada con esa operatoria, desde las instrucciones impartidas por el Ministerio de Economía hasta su ejecución por parte del Banco Nación, en su carácter de fiduciario, así como la intervención que les correspondió a las autoridades de Vialidad Nacional.
La Provincia pidió preservar documentación clave
Como parte de la presentación, La Rioja solicitó además a la Justicia la adopción urgente de medidas destinadas a preservar las pruebas vinculadas con la administración de los fondos.
Entre ellas, pidió resguardar instrucciones, expedientes, correos electrónicos, registros contables y bancarios y toda documentación relacionada con el manejo y la colocación de los recursos del SISVIAL desde enero de 2024.
También solicitó información al Ministerio de Economía, al Banco Nación y a la Dirección Nacional de Vialidad para reconstruir el circuito completo de las decisiones, identificar a los funcionarios que intervinieron y determinar responsabilidades.
Con esta acción, el Gobierno de La Rioja busca que la Justicia esclarezca las responsabilidades derivadas del desvío de fondos que fueron recaudados con una finalidad específica y, al mismo tiempo, defender los recursos y las obras que corresponden a las provincias y que resultan indispensables para la seguridad vial, la integración territorial y el desarrollo productivo del país.
