El Senado aprobó este miércoles la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales. El proyecto impulsado por Lula da Silva logra una victoria a once días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
El fin de la llamada jornada “6 por 1″, que añade un día de descanso semanal y reduce el cómputo de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial, es la principal propuesta electoral de Lula, quien se juega la reelección el próximo 25 de octubre frente al opositor Flávio Bolsonaro.
La propuesta, una enmienda a la Constitución, se aprobó en dos votaciones consecutivas durante la misma sesión legislativa, tras recibir el respaldo de Bolsonaro y la consecuente adhesión del resto de senadores de la oposición, a quienes sus partidos dieron libertad de voto.
Bolsonaro se oponía al proyecto, pero en la víspera anunció un cambio de postura para responder al clamor popular. Aunque no estuvo presente en el hemiciclo, el candidato presidencial por el Partido Liberal (PL) emitió su voto de forma telemática mientras participaba en actos de campaña en Porto Alegre.
El cambio de opinión de Bolsonaro suscitó las críticas de los senadores gubernamentales, quienes reprocharon la «volatilidad de convicciones» del candidato y advirtieron sobre la posibilidad de que él reactive sus planes en caso de resultar electo.
“Hay gente que no quiere que esta votación termine hoy. Por eso, debemos mantenernos vigilantes para impedir retrocesos en el futuro”, señaló la portavoz del Gobierno en el Senado, Teresa Leitão.
El impacto de la reducción de la jornada laboral
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, destacó el impacto positivo de la medida para “millones de personas de diferentes realidades del país”.
Según los sindicatos, unos veintidós millones de trabajadores verán reducida su jornada laboral, al atender a una reivindicación histórica de los sectores populares.
Por su parte, el senador Esperidião Amin, perteneciente a la base de apoyo de Flávio Bolsonaro, hizo un llamamiento a la unidad con el sector empresarial para “amortiguar los impactos presupuestarios que conllevarán las medidas”.
