Las centrales obreras, trabajadores de compañías bananeras e indígenas han salido a las calles de Panamá para rechazar los cambios en el sistema pensional, el acuerdo de seguridad firmado con EE. UU. y contra la minería. El Gobierno del derechista José Raúl Mulino condena el bloqueo de cientos de vías del país y advierte que no permitirá que se paralice la economía.

Persisten las protestas en Panamá en contra de una polémica reforma del Sistema de Seguridad y contra un pacto suscrito con el Gobierno de Donald Trump que permite ampliar la presencia militar estadounidense en el país centroamericano.

Los manifestantes denuncian que las futuras generaciones se exponen a pensiones “de hambre”, dado que, entre otros puntos, la reforma elimina el concepto de solidaridad intergeneracional y establece un esquema de cuentas individuales.

Las autoridades panameñas informaron, a través del director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, que las marchas en todo el país han provocado al menos 480 cierres de vías. Además, según cifras oficiales, casi 200 personas han sido detenidas.

El Sindicato de la Construcción (Suntracs), empleados de fincas bananeras y miembros de comunidades indígenas se han unido paulatinamente al paro.

Los manifestantes también rechazan los planes de reactivar una explotación minera de la empresa canadiense First Quantum, que fue declarada inconstitucional por el Supremo panameño.