El Gobierno apuesta a sistemas de simulación social basados en inteligencia artificial y grandes volúmenes de datos. El antecedente de Holanda, donde la Justicia frenó una herramienta similar por afectar la privacidad, y el pedido de información pública presentado por Agustín Rossi abren interrogantes sobre los límites democráticos de la iniciativa.

Silvia Abaca
Periodista y consultora

El gobierno de Javier Milei presentó los llamados “gemelos digitales sociales” como una herramienta de modernización del Estado. La expresión suena futurista, innovadora e incluso atractiva para quienes imaginan una gestión pública más eficiente. Sin embargo, detrás del lenguaje tecnológico emerge un debate mucho más profundo: ¿qué ocurre cuando un gobierno con escasa tolerancia a la crítica y una marcada concentración de poder adquiere herramientas capaces de observar, modelar y anticipar el comportamiento de millones de personas?

Un gemelo digital es una réplica virtual de un sistema real construida a partir de grandes volúmenes de información. En la industria se utiliza para simular el funcionamiento de fábricas, redes energéticas o cadenas logísticas. Aplicado a la sociedad, el concepto adquiere otra dimensión. Significa construir modelos digitales alimentados por datos económicos, sociales, demográficos y territoriales que permitan analizar comportamientos colectivos y proyectar escenarios futuros.

Sobre el papel, la idea parece razonable. Los defensores de estas herramientas sostienen que permiten diseñar mejores políticas públicas, prever crisis, optimizar recursos y evaluar el impacto potencial de distintas decisiones gubernamentales antes de implementarlas.

Pero la misma tecnología que permite planificar también puede utilizarse para vigilar.

La historia demuestra que ninguna herramienta de acumulación masiva de información permanece neutral cuando queda en manos de gobiernos con vocación de control. Y el problema no radica exclusivamente en la tecnología, sino en el contexto político en el que se desarrolla.

Desde su llegada al poder, Javier Milei construyó una narrativa que divide a la sociedad entre aliados y enemigos. Periodistas, científicos, universidades, sindicatos, organizaciones sociales, movimientos feministas, artistas e incluso gobernadores han sido objeto de ataques sistemáticos desde las más altas esferas del Estado. La crítica política dejó de ser concebida como una práctica inherente a la democracia para convertirse, según el discurso oficial, en una amenaza a combatir.

En ese marco, resulta inevitable preguntarse cuáles serán los límites de sistemas capaces de procesar enormes cantidades de datos sobre la vida social.

Los defensores del proyecto responderán que la información será anonimizada y que existirán protocolos de protección. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. La experiencia internacional demuestra que la acumulación de datos genera inevitablemente tensiones entre eficiencia estatal y derechos individuales.

Los antecedentes sobran.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en los Países Bajos. En 2020, el Tribunal de La Haya declaró ilegal el sistema SyRI (System Risk Indication), una plataforma estatal diseñada para cruzar grandes bases de datos públicas con el objetivo de detectar posibles fraudes en programas sociales, beneficios fiscales y otras prestaciones estatales.

La justicia neerlandesa concluyó que el sistema vulneraba el derecho a la privacidad protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El fallo advirtió que la utilización de algoritmos para elaborar perfiles de riesgo sobre los ciudadanos carecía de suficientes garantías democráticas y de mecanismos adecuados de control y transparencia.

La decisión marcó un precedente internacional. Por primera vez, un tribunal frenó una herramienta de vigilancia algorítmica estatal al considerar que los riesgos para los derechos fundamentales superaban los beneficios prometidos por la administración pública.

La enseñanza es clara: incluso en democracias consolidadas, los sistemas de análisis masivo de datos pueden derivar en prácticas incompatibles con las libertades individuales cuando no existen controles rigurosos.

La pregunta que surge entonces es inevitable. Si una democracia como la neerlandesa consideró necesario poner límites judiciales a este tipo de tecnologías, ¿qué garantías ofrece un gobierno como el argentino, que concentra decisiones, descalifica permanentemente a quienes piensan distinto y mantiene una relación cada vez más conflictiva con los mecanismos de control institucional?

Las dudas ya comenzaron a trasladarse al terreno político.

El diputado nacional Agustín Rossi presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer detalles del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Entre otros puntos, solicitó información sobre los organismos involucrados, las fuentes de datos que serán utilizadas, los criterios de procesamiento de la información y los mecanismos previstos para proteger la privacidad de la ciudadanía.

El planteo resulta pertinente. Si el Estado avanza en la construcción de herramientas capaces de modelar dinámicas sociales mediante el procesamiento masivo de información, la transparencia debería ser una condición básica y no una concesión excepcional.

¿Qué datos se utilizarán? ¿Quiénes tendrán acceso a ellos? ¿Qué empresas participarán del desarrollo? ¿Qué organismos independientes auditarán el sistema? ¿Existirán mecanismos para evitar sesgos, discriminaciones o usos políticos de la información? Hasta el momento, las respuestas son escasas.

Y precisamente allí radica el principal problema.

La discusión no debería centrarse únicamente en algoritmos, inteligencia artificial o capacidad computacional. El verdadero debate es democrático. Las tecnologías nunca son neutrales. Reflejan los intereses, prioridades y objetivos de quienes las diseñan y administran.

Por eso, cuando un gobierno acumula información sobre la sociedad, la cuestión central no es qué puede hacer la herramienta, sino qué puede hacer el poder con ella.

La paradoja resulta difícil de ignorar. Una administración que se presenta como defensora de la libertad individual avanza simultáneamente hacia mecanismos que amplían la capacidad estatal de observar, registrar, analizar y predecir conductas colectivas. La libertad parece ser un principio irrenunciable cuando se trata del mercado, pero bastante más flexible cuando se trata de los datos de los ciudadanos.

No se trata de rechazar el avance tecnológico ni de promover visiones conspirativas. Sería absurdo desconocer el potencial de estas herramientas para mejorar políticas públicas. Sin embargo, también sería irresponsable ignorar los riesgos que implican cuando son impulsadas por gobiernos que muestran escasa vocación por la transparencia y el control institucional.

La experiencia internacional enseña que la frontera entre planificación y vigilancia puede ser mucho más delgada de lo que sugieren los discursos oficiales.

Por eso el interrogante central sigue abierto.

¿Estamos frente a una herramienta para construir mejores políticas públicas o ante el primer paso hacia una forma más sofisticada de monitoreo social?

George Orwell imaginó un Estado capaz de vigilar cada movimiento de sus ciudadanos a través de pantallas omnipresentes. Ocho décadas después, ya no hacen falta cámaras en cada esquina ni televisores que observen desde el living.

Alcanza con los datos.

Y el problema nunca fue la tecnología.

El problema siempre fue quién la controla.