Menos Estado para algunas cosas. Más poder estatal para otras.

Silvia Abaca

 
Hay una pregunta que atraviesa estos casi tres años de gobierno de Javier Milei y que acaso sea más importante que la discusión sobre cuánto ajuste queda por hacer: ¿qué Estado está quedando?

Porque el Estado no desapareció. Cambió de lugar.

El proyecto de Presupuesto 2027 permite mirar esa transformación con bastante precisión. Según el análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el gasto total proyectado para 2027 queda 26,7% por debajo, en términos reales, del gasto ejecutado en 2023. Pero dentro de ese recorte hay decisiones concretas: las universidades nacionales aparecen 25% abajo; las becas Progresar, 77,1%; la formación de recursos humanos del CONICET, 43,7%; y la Agencia I+D+i, 77,3%. Las pensiones no contributivas por invalidez laboral quedan 25,3% por debajo de 2023.

No son solamente números. Son capacidades estatales que se pierden.

Al mismo tiempo, otras capacidades crecen. Se fortalecen herramientas vinculadas con defensa, inteligencia, seguridad, información y ciberseguridad.

Ahí aparece la contradicción que conviene mirar de frente.

No es simplemente menos Estado. Es menos Estado para algunas cosas y más poder estatal para otras.

Mientras se reducen recursos para universidades, ciencia, discapacidad o políticas sociales, se fortalecen herramientas vinculadas con seguridad, defensa, inteligencia e información. No estamos frente a la desaparición del Estado. Estamos frente a una selección política de qué Estado se conserva, qué Estado se achica y qué Estado se fortalece.

El Estado no se esfuma. Cambia de lugar.

La diferencia entre el discurso y la realidad también aparece en la economía cotidiana. La actividad industrial cayó 5% en julio respecto de junio y 4,9% interanual. Y mientras la industria pierde terreno, aumentan las importaciones de bienes de consumo. Los productos alimenticios importados crecieron 51,9% respecto de 2023.

El país que alguna vez aspiró a ser “el supermercado del mundo” empieza a importar alimentos que produce.

Sirve como ejemplo lo que ocurre en una actividad tan concreta como la yerba mate.

El DNU 70/2023 eliminó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para establecer precios mínimos de la materia prima.

El Estado nacional se retiró de esa función. El mercado ocupó ese lugar.

El problema es que el productor primario no negocia en igualdad de condiciones con los grandes compradores. Y cuando el precio de la hoja verde cae, la cuenta no desaparece: se traslada.

El Estado nacional se retira, achica sus controles y productores y trabajadores quedan a la deriva. El estado provincial, hace lo que puede

La sociedad también está haciendo su propia contabilidad.

El dato oficial de pobreza del primer semestre todavía no fue publicado: el INDEC lo dará a conocer el 24 de septiembre. Las estimaciones disponibles anticipan un freno de la mejora registrada desde fines de 2024 y un aumento en la cantidad de nuevos pobres. Pero hay otros datos que ya están sobre la mesa. En el segundo trimestre de 2026, la desocupación nacional llegó al 7,9%. En el Gran Rosario trepó al 11,5%, la tasa más alta entre los aglomerados relevados por el INDEC: 83.000 personas sin trabajo y 259.000 si se suman desocupados, subocupados y ocupados que buscan otro empleo. Casi un quinto de la población.

El equilibrio de las cuentas públicas no necesariamente coincide con el equilibrio de las cuentas de las familias. Mientras el Gobierno ordena el Excel, hogares y trabajadores hacen malabares con cuotas, deuda y gastos que ya no pueden sostener.

Lo que se mete por la ventana

Hay un capítulo donde esta transformación del Estado aparece de manera todavía más nítida: el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso con Malvinas como eje.

La defensa de la soberanía argentina sobre las islas es una cuestión de Estado. El proyecto, sin embargo, no se limita a endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina. Crea un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente, amplía las funciones de las Fuerzas Armadas, articula defensa, inteligencia, seguridad y economía, y agrega nuevas figuras penales vinculadas con espionaje, interferencia electoral y campañas coordinadas de desinformación.

Ahí aparece, otra vez, el Estado que se está construyendo.

El mismo gobierno que reduce su intervención en educación, ciencia, producción o protección social propone ampliar sus herramientas en seguridad, inteligencia y control de la información. Y cuando una ley presentada en nombre de la soberanía incorpora además mecanismos que organizaciones periodísticas y especialistas cuestionan por su posible impacto sobre la libertad de expresión, la discusión deja de ser solamente económica.

La pregunta entonces ya no es solamente cuánto Estado queda.

Es para qué queda.

Porque el dibujo empieza a completarse: menos recursos para garantizar derechos sociales y más instrumentos para garantizar seguridad, control y capacidad de intervención.

Un Estado más pequeño en su responsabilidad social puede ser, al mismo tiempo, un Estado más fuerte en su capacidad coercitiva.

Y esa combinación define mucho mejor al Estado libertario que la vieja consigna de “menos Estado”.

También hay escenas que parecen menores pero ayudan a entender la dirección del proceso.

En la Quinta de Olivos se dispuso el reemplazo de personal civil y el traspaso de la administración de la residencia a la Casa Militar. El Gobierno lo presentó como una reorganización vinculada con seguridad y eficiencia; distintas fuentes periodísticas lo relacionaron también con las filtraciones internas.

Hasta en Olivos aparece la misma pregunta: ¿qué funciones se retiran, cuáles se transfieren y hacia quién?

Algo similar surge del episodio del Banco Nación publicado está semana. Una operación crediticia por más de $52.600 millones para una empresa vinculada a Mariano Jinkis (uno de los involucrados en el FIFAGate) generó objeciones internas; una auditoría detectó inconsistencias y el gerente zonal que se negó a firmar fue trasladado 1.300 kilómetros. La Justicia federal suspendió ese traslado y el crédito finalmente no fue otorgado.

No hace falta convertir ese episodio en una conclusión general sobre el funcionamiento del Estado. Alcanza con observar la escena: controles internos, decisiones desde Buenos Aires, una advertencia que llega tarde, un funcionario que se niega a firmar y una Justicia que interviene.

Porque esta transformación estatal tampoco ocurre solamente a través del presupuesto. Ocurre mediante leyes, decretos, organismos, facultades y nuevas áreas de intervención.

Y quizás ahí esté el punto que más conviene discutir.

Un presupuesto no es solamente una planilla de números. Es la realidad que un gobierno decide imaginar para poder cerrar sus cuentas.

Después, la realidad hace su propia cuenta.

Queda una universidad con menos recursos. Un sistema científico más pequeño. Una política de discapacidad más ajustada. Una industria que todavía no recupera su nivel. Más importaciones de bienes de consumo. Productores que necesitan crédito público para atravesar una crisis de precios. Familias que recurren al endeudamiento. Provincias obligadas a cubrir agujeros que antes atendía la Nación.

Y, al mismo tiempo, un Estado que conserva o amplía herramientas en áreas que considera estratégicas para el ejercicio del poder.

Por eso, quizás la discusión no sea cuánto Estado quiere Milei.

La pregunta es otra:

¿Qué Estado está construyendo mientras dice que lo está destruyendo?

Ese es, finalmente, el Estado libertario que nos dejan.