Mientras pretende dar lecciones de responsabilidad fiscal y desarrollo económico, el gobierno de Milei mantiene una deuda multimillonaria con La Rioja y continúa desconociendo los reclamos legítimos de la provincia.

El Presidente eligió burlarse de los Chachos y cuestionar las decisiones del Gobierno riojano, pero omitió mencionar un dato fundamental: la Nación dejó de transferir recursos que históricamente se reconocieron a La Rioja como compensación por el punto de coparticipación perdido en 1988.

No se trata de fondos discrecionales ni de una concesión política. Se trata de recursos cuyo reconocimiento reclama la provincia y que forman parte de una controversia que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según las estimaciones del Gobierno provincial, la deuda acumulada alcanzó los 1,84 billones de pesos, una cifra que supera el presupuesto anual de La Rioja. Esos recursos representan hospitales, escuelas, salarios, infraestructura, servicios esenciales y oportunidades de desarrollo para miles de familias riojanas.

Resulta contradictorio que quien retiene recursos reclamados por una provincia pretenda después responsabilizar a sus autoridades por las dificultades económicas que esa misma decisión contribuye a profundizar.

Chachos, la herramienta frente al ajuste nacional

La emisión de los Chachos no puede analizarse de manera aislada, como pretende Milei. Fue una respuesta excepcional frente a un contexto de asfixia financiera, caída del poder adquisitivo y retiro del Estado nacional de responsabilidades fundamentales.

La discusión de fondo no es sobre una herramienta financiera provincial. Es sobre el incumplimiento de obligaciones, el respeto al federalismo y el derecho de La Rioja a contar con los recursos necesarios para sostener su funcionamiento y proyectar su desarrollo.

Pero existe otra contradicción igualmente importante. Milei presenta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como la demostración del éxito de su modelo económico. Sin embargo, los beneficios concretos de ese régimen para el conjunto de la sociedad siguen estando muy lejos de las expectativas que el propio Gobierno nacional instaló.

El RIGI garantiza importantes ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias a grandes inversores, con estabilidad jurídica y fiscal durante 30 años. Lo que todavía no ha demostrado es que esos beneficios extraordinarios se traduzcan, en una magnitud equivalente, en empleo genuino y permanente, fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, desarrollo de proveedores locales y mejores condiciones de vida para las comunidades.

Los miles de millones de dólares anunciados como inversiones no son necesariamente recursos ya desembolsados. Tampoco representan automáticamente nuevos puestos de trabajo ni crecimiento efectivo de las economías regionales. Incluso, distintos análisis señalan que una parte significativa de los proyectos incorporados al RIGI ya estaban anunciados o en desarrollo antes de la creación del régimen. Por lo tanto, atribuirle exclusivamente esas inversiones a la política económica nacional constituye, cuanto menos, una interpretación discutible.

El verdadero desarrollo no se mide por los beneficios que recibe una empresa, sino por los beneficios que esa inversión deja en la sociedad. Y esa es una cuenta que el RIGI todavía tiene pendiente.
La Rioja no cuestiona la llegada de inversiones ni desconoce la importancia de generar condiciones para el crecimiento productivo. Por el contrario, defiende la necesidad de promover inversiones que incorporen valor agregado, fortalezcan las cadenas productivas regionales, generen trabajo y permitan que la riqueza producida se traduzca en bienestar para la población.

Lo que resulta inadmisible es que el Gobierno nacional ofrezca garantías extraordinarias a los grandes capitales mientras desconoce los recursos reclamados por las provincias y exige sacrificios permanentes a trabajadores, jubilados y sectores productivos.

No puede haber un federalismo serio si la Nación concentra recursos, desatiende sus compromisos y después pretende dividir a los gobernadores entre responsables e irresponsables según su grado de adhesión política.
La responsabilidad institucional no se demuestra mediante agravios ni descalificaciones. Se demuestra cumpliendo obligaciones, respetando las autonomías provinciales y construyendo condiciones de desarrollo que incluyan a todos los argentinos.

Antes de cuestionar nuevamente a La Rioja, Javier Milei debería ofrecer respuestas concretas sobre los fondos que su administración dejó de transferir y explicar cuándo piensa resolver un conflicto que perjudica directamente a la población riojana.
Porque reclamar los recursos que corresponden no es irresponsabilidad. Irresponsabilidad es negarlos, desconocer sus consecuencias y pretender convertir ese incumplimiento en un argumento de confrontación política.