La emergencia habilita la intervención del Estado nacional, pero sin recursos nuevos ni definiciones operativas. Mientras brigadistas combaten el fuego con medios limitados, convocan a una movilización para exigir más acciones del gobierno de Milei.
Tras varias semanas de incendios que aarrasaron amplias zonas de la Patagonia, el gobierno de Javier Milei finalmente decidió decretar la Emergencia Ígnea en varias provincias del sur de Argentina. Sin embargo, la medida no asigna fondos específicos ni establece mecanismos concretos de financiamiento. La decisión llegó por decreto del ejecutivo luego de una creciente presión política y social, que este viernes se expresará en una movilización en la Ciudad de Buenos Aires convocada por organizaciones ambientalistas y distintos espacios políticos.
La norma declara la emergencia por un año en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa y designa a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, como autoridad de coordinación para las tareas de combate del fuego, prevención y asistencia a las zonas afectadas.
Ni un peso más para combatir el fuego
Sin embargo, el decreto no crea partidas presupuestarias nuevas, no fija montos ni detalla cómo se financiarán las acciones previstas, dejando cualquier refuerzo de recursos sujeto a decisiones administrativas posteriores del Poder Ejecutivo.
La medida se dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, y abarca tanto la presupresión y combate del fuego como la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos. El decreto también declara zona de desastre a los territorios comprometidos en esas provincias, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.
Antes de oficializar la emergencia, la Casa Rosada intentó mostrar movimiento. En el propio Gobierno admiten que el fuego se convirtió en un problema político, no porque altere la lógica fiscal del mileísmo, sino porque expone un límite del discurso del ajuste: cuando las llamas avanzan, la motosierra deja de funcionar como explicación. En la madrugada del jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, que refuerza el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios, con más de $100.810 millones distribuidos entre 1.062 asociaciones, además de partidas para federaciones provinciales y fondos para capacitación.
Convocamos este viernes a las 18.30 en Figueroa Alcorta y Pueyrredón para marchar hasta la Oficina de Manejo del Fuego dependiente del Ministerio de Seguridad (Gelly y Obes 2289, CABA) en reclamo por el abandono y la desidia, por la emergencia ígnea y la ayuda urgente para las… pic.twitter.com/CJSJnHK5gG
— Juan Grabois (@JuanGrabois) January 28, 2026
La resolución había sido firmada el martes por la tarde, el mismo día en que los gobernadores patagónicos reclamaron formalmente la declaración de la emergencia. En el Gobierno se apuraron a aclarar que el pedido no fue el disparador, pero el movimiento fue leído como un intento de amortiguar el golpe político. En Chubut, además, se confirmó una transferencia de $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En ese contexto, este viernes se realizará una marcha desde la Facultad de Derecho de la UBA hasta el Ministerio de Seguridad, área de la que depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Bajo la consigna “Patagonia en llamas. Marchamos para exigir la emergencia ígnea”, la protesta apunta a señalar que la respuesta oficial llega tarde y sin garantías materiales suficientes, mientras brigadistas y bomberos continúan trabajando al límite frente a incendios que ya consumieron más de 45.000 hectáreas.
