El gobierno determinó que el interventor judicial Alberto Biglieri no tiene facultades para designar representantes ni conducir la negociación salarial metalúrgica. Desde que se dictó la intervención que removió al secretario general Abel Furlán, las paritarias están paralizadas.

En el marco de un escenario de profunda incertidumbre institucional para el sector metalúrgico, la Secretaría de Trabajo de la Nación puso en duda la validez de las últimas medidas tomadas por la conducción transitoria de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA).

A través del documento oficial, el Ministerio de Capital Humano advirtió que el interventor judicial Alberto Biglieri, no ha demostrado contar con el aval legal explícito para nombrar paritarios ni para llevar adelante las negociaciones colectivas de la actividad.

El conflicto se originó a partir de una consulta efectuada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para verificar el alcance del mandato del interventor ante el inminente vencimiento de las paritarias sectoriales.

Tras analizar la documentación presentada por la gestión de Biglieri, el dictamen legal firmado por el Director General de Asuntos Jurídicos, José Martín Bonafina, concluyó de manera taxativa que la intervención no tiene las atribuciones judiciales ni la capacidad para conducir la negociación salarial.

Además de la situación del interventor general, el expediente ministerial objetó de manera directa la validez de algunas de las designaciones del personal paritario realizadas recientemente bajo este proceso de intervención. El documento ministerial hace expresa mención a la inestabilidad legal que pesa sobre estos nombramientos.