A casi tres meses del inicio de su gobierno, el presidente de ultraderecha brindó su primer informe en el Congreso. Ratificó su plan de ajuste brutal del gasto público, y ordenó reprimir a estudiantes, docentes y sindicatos que rechazaban la política de José Antonio Kast.
Efectivos de Carabineros reprimieron este miércoles a manifestantes que participaban de una movilización masiva convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, y el Colegio de Profesores contra la reforma que promueve el presidente, José Antonio Kast. Esta contempla recortes presupuestarios en salud y educación, una reducción de impuestos a los sectores ricos y otras medidas contra el medioambiente y los derechos de las comunidades originarias.
Los estudiantes se movilizaron por el recorte de 197,7 mil millones de pesos chilenos, lo que equivale aproximadamente a US$220.737.000, mayoritariamente en Educación Superior.
El gobierno dio la orden de reprimir y la policía militarizada empleó carros lanza aguas y gases lacrimógenos contra transeúntes y manifestantes que se movilizaban de manera pacífica Además, utilizó perros sin bozal para amedrentar a los jóvenes.
Se reportó un número indeterminado de detenciones. Los manifestantes se movilizaban bajo la consigna “La educación defiende las calles”.
La Confech denunció que la Delegación Presidencial Metropolitana modificó de manera arbitraria el recorrido originalmente solicitado.
Esta es la primera gran convocatoria estudiantil masiva desde la instalación del Gobierno de Kast, y cuenta con el respaldo activo del gremio docente, consolidando un frente de rechazo contra las políticas de recortes presupuestarios en derechos sociales y las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo.
Según denunciaron las organizaciones, estas políticas benefician directamente a los grandes grupos empresariales mientras afectan los servicios estatales básicos de las familias trabajadoras.
Las comunidades educativas manifestaron su oposición al proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, recientemente despachado por el Congreso, al denunciar que dicha normativa implementa medidas punitivas y de castigo.
