Se trata del corredor fluvial por donde sale el 80% de las exportaciones de Argentina que conecta con Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. El Gobierno libertario ignora las irregularidades en el proceso y el principal interesado ya se reunió con el embajador de EEUU en Buenos Aires.

El Ejecutivo recibió las ofertas de los dos contendientes de origen belga: Jan De Nul, asociada con la argentina Servimagnus, y Dredging, Environmental & Marine Engineering, en un concurso bajo régimen de obra pública por peaje. La particularidad del caso es que ambas propuestas fueron idénticas, en el nivel mínimo permitido por el pliego. Por la diferencia técnica obtenida en la etapa anterior, la primera se perfila como favorita para la adjudicación.

La definición final se conocerá en el próximo mes.

La vía navegable troncal conecta los puertos del río Paraná y del Río de la Plata con el océano Atlántico. Por ahí circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y también cargamentos de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, lo que convierte al corredor en una pieza logística central para el Mercosur.

El tramo argentino sujeto a concesión comprende unos 1.400 kilómetros, desde la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay hasta aguas profundas del Río de la Plata. El contrato incluye dragado, señalización, mantenimiento, operación integral y cobro de peajes a los buques que utilizan la principal salida exportadora del país.

Denuncias por irregularidades

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, dependiente del Ministerio Público Fiscal, advirtió sobre “serias y evidentes irregularidades” en los pliegos, que podrían derivar en reproches administrativos o penales. El organismo cuestionó aspectos vinculados a cláusulas anticorrupción, cesión contractual, evaluación de ofertas y límites a impugnaciones.

El dictamen también señaló deficiencias nuevas, entre ellas la falta de una evaluación de impacto ambiental y problemas en la consulta pública. Según la advertencia fiscal, el procedimiento no garantizó plenamente el acceso a información comprensible, accesible y oportuna para los actores involucrados en el corredor fluvial.

El proceso actual llega después de una licitación anterior anulada en medio de cuestionamientos. En aquella oportunidad, solo una empresa presentó una oferta formal, pese al interés inicial de varias compañías. Tras declarar desierto el concurso, el Gobierno reabrió el esquema con modificaciones que no disiparon todas las objeciones.

La oposición peronista impulsa en el Congreso un pedido para suspender la licitación hasta que los pliegos garanticen transparencia, concurrencia, igualdad y razonabilidad. También reclama estudios ambientales integrales y una nueva instancia de participación ciudadana antes de adjudicar la operación del corredor.

La magnitud económica del contrato explica la disputa. El futuro concesionario accedería a ingresos por peajes superiores a 600 millones de dólares anuales, según estimaciones incluidas en el proceso. Las inversiones asociadas a la operación y mantenimiento de la hidrovía podrían superar los 10.000 millones de dólares en el plazo total.

Durante más de dos décadas, el sistema fue administrado por un consorcio integrado por Jan De Nul y la argentina Emepa. Tras el vencimiento del contrato en 2021, el Estado retomó la administración del corredor, aunque las tareas técnicas continuaron bajo esquemas privados. Milei busca ahora restablecer una concesión plena de largo plazo.

Reuniones con el embajador de EEUU

Directivos de Jan De Nul se reunieron con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas este jueves. El objetivo del encuentro fue presentar los planes del consorcio —integrado por la belga y la argentina ServiMagnus— para la modernización de la Hidrovía.

La excusa para buscar apoyo del norte es la dependencia tecnológica de proveedores occidentales. La empresa subrayó que gran parte de los equipos de seguridad, como las cámaras de monitoreo que cubrirán el trayecto, son de origen estadounidense. Este componente tecnológico busca ser un aliado clave en la denominada “lucha contra el narcotráfico y el contrabando”, un tema que usa Milei para decir que trabaja de la mano de Trump.