Once años después de la primera movilización de Ni Una Menos, la Argentina vuelve a enfrentarse a una realidad incómoda. Mientras desde el Gobierno nacional se relativiza la violencia de género, se eliminan áreas específicas del Estado y se cuestiona la existencia misma de desigualdades estructurales entre varones y mujeres, los femicidios continúan ocurriendo.

Silvia Abaca
Periodista y consultora

Los nombres cambian. El dolor permanece.

En los últimos días, dos casos conmocionaron al país. En Córdoba, Agostina Vega, una adolescente de 14 años, fue hallada asesinada tras varios días de búsqueda. En Misiones, Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, apareció sin vida en Eldorado después de permanecer desaparecida durante más de una semana. Dos historias atravesadas por la misma pregunta que vuelve a repetirse cada vez que una mujer o una adolescente es asesinada: ¿qué falló antes?

La pregunta resulta especialmente pertinente en el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, un movimiento que nació para denunciar que los femicidios no son hechos aislados ni tragedias individuales, sino la expresión más extrema de una violencia que se construye y reproduce mucho antes de llegar al crimen.

Los datos muestran que el problema dista de haber desaparecido. Según el Observatorio de Violencias por Motivos de Género “Mercedes Pagnutti”, de la ciudad de Rosario, que realiza un monitoreo permanente de casos en todo el país, durante 2025 se registraron 291 femicidios, lesbicidios y trans/travesticidios en Argentina. La tasa nacional alcanza las 1,27 víctimas cada 100.000 mujeres y, en promedio, ocurre un femicidio cada 30 horas.

Las cifras, por sí solas, desmienten cualquier intento de presentar la violencia de género como una problemática superada o como una construcción ideológica sin correlato en la realidad. Detrás de cada número hay una historia interrumpida, una familia devastada y una cadena de responsabilidades que rara vez se limita al agresor.

Porque la violencia no empieza con el femicidio.

Empieza mucho antes. En las relaciones de control. En las amenazas ignoradas. En las denuncias que no reciben respuestas adecuadas. En los discursos que buscan minimizar el problema. Y también en las nuevas formas de hostigamiento que proliferan en los entornos digitales.

Una reciente investigación publicada por el portal “Economis”, de la provincia de Misiones, analizó cómo mujeres periodistas, militantes, activistas, dirigentas políticas y referentas sociales son objeto de campañas de agresión, insultos y amenazas destinadas a expulsarlas del debate público. No se trata únicamente de ataques individuales. Se trata de mecanismos de disciplinamiento que buscan silenciar voces, restringir la participación y reforzar desigualdades históricas.

La violencia digital y la violencia física no son fenómenos idénticos, pero tampoco son compartimentos estancos. Ambas forman parte de una misma cultura que naturaliza la agresión hacia las mujeres cuando ocupan espacios de visibilidad, decisión o protagonismo social.

Por eso resulta imposible analizar el contexto actual sin observar el papel del Estado nacional. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el feminismo se convirtió en uno de los principales blancos discursivos del oficialismo. El cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la reducción o eliminación de programas específicos y la insistencia en negar la existencia de violencias estructurales forman parte de una orientación política explícita.

La discusión no pasa por defender una estructura burocrática determinada. La pregunta es otra: ¿qué ocurre cuando se debilitan las herramientas destinadas a prevenir, asistir y acompañar situaciones de violencia mientras las estadísticas continúan mostrando víctimas?

Negar un problema no lo resuelve.

Pero tampoco alcanza con señalar al Poder Ejecutivo. Cada femicidio vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. Las familias de las víctimas suelen repetir la misma sensación: las respuestas llegaron tarde. Las búsquedas se demoraron. Las alertas fueron subestimadas. Las denuncias no alcanzaron para activar mecanismos eficaces de protección.

Las controversias alrededor de la investigación por el asesinato de Agostina Vega también reflejan esas tensiones. Mientras distintos sectores reclamaban que el caso fuera investigado con perspectiva de género, el fiscal interviniente, Raúl Garzón, sostuvo públicamente que no existían elementos para considerarlo un femicidio. Sus declaraciones generaron cuestionamientos y reavivaron un debate recurrente sobre la necesidad de incorporar una mirada integral en la investigación de los crímenes contra mujeres y adolescentes. En medio de la conmoción social, parte de la discusión pública pareció concentrarse incluso en reconocer la labor del perro que participó en el hallazgo del cuerpo. “Hay que darle una medalla”, dijo el funcionario. Sin restar valor al trabajo realizado durante la búsqueda, el episodio dejó al descubierto una incomodidad persistente: la dificultad de algunas instituciones para abordar la dimensión social y estructural de las violencias que afectan a mujeres y niñas.

La discusión sobre si determinados casos deben o no ser considerados femicidios no es meramente jurídica. También expresa una disputa política y cultural sobre cómo se interpreta la violencia contra las mujeres. En un contexto donde desde el poder nacional se cuestiona la existencia misma de la violencia de género como fenómeno específico, esas definiciones adquieren una relevancia que excede los tribunales.

La Justicia suele mostrarse firme cuando el crimen ya ocurrió. El problema es que para entonces siempre es demasiado tarde.

Once años después de la primera marcha de Ni Una Menos, la pregunta ya no es si la violencia de género existe. Las estadísticas, los expedientes judiciales y los nombres de las víctimas responden por sí solos.

La verdadera discusión es qué sociedad se construye cuando, frente a esa realidad, se desmantelan políticas públicas, se relativizan las violencias específicas que sufren las mujeres y se naturalizan discursos de odio que encuentran en las redes sociales un amplificador permanente.

Agostina y Dulce ya no están. Sus nombres se suman a una lista que continúa creciendo. Una lista que recuerda que la violencia no empieza con el femicidio, pero tampoco termina con una condena judicial.

Porque cuando una adolescente aparece asesinada, la discusión pública no debería centrarse en cómo nombrar el problema para que deje de existir. La tarea pendiente sigue siendo evitar que vuelva a ocurrir.

Y porque, once años después, Ni Una Menos sigue siendo mucho más que una consigna. Sigue siendo una deuda pendiente de la democracia argentina.