El gobierno libertario confirmó que regirá desde el 1 de noviembre. Propietarios ya no tendrán que pagar el Impuesto a las Ganancias por los alquileres de sus viviendas y también puso en marcha un blanqueo laboral, cambios en convenios colectivos y regulaciones para plataformas digitales y servicios eventuales.

El Gobierno avanzó otro paso en la implementación de la reforma laboral al publicar en el Boletín Oficial la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el sistema previsto para financiar el pago de indemnizaciones a costa de las contribuiciones para el sistema jubilatorio; el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), que perdona deuda a los empleadores que tenían trabajadores no registrados; y también cambios en convenios colectivos, sindicatos, registración laboral, plataformas digitales y servicios eventuales.

La reglamentación del FAL fue oficializada mediante el Decreto 408/2026, donde se establecen las condiciones de funcionamiento del régimen, los mecanismos de recaudación de aportes y los procedimientos para el pago de las indemnizaciones a trabajadores registrados. El régimen no comenzará a operar de manera inmediata, ya que el Poder Ejecutivo prorrogó su entrada en vigencia hasta el 1 de noviembre este año.

El polémico sistema aprobado por el oficialismo y sus aliados en el Congreso prevé financiar el pago de indemnizaciones por despido a través de fondos constituidos por los empleadores y administrados.

Timba financiera con el dinero de los despidos

La reglamentación establece que los recursos administrados por estos fondos solo podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados en el país, “con el objetivo de promover la inversión productiva local”.

Entre otros aspectos, se fija que los trabajadores deberán encontrarse debidamente registrados y con una antigüedad mínima de doce meses en los registros laborales para acceder a la cobertura plena del sistema.

Hasta el 1 de noviembre, cuando el FAL entrará en vigencia, la Secretaría de Trabajo, la CNV, ARCA y la Secretaría de Finanzas deberán dictar las normas complementarias necesarias para la implementación operativa del nuevo esquema de financiamiento de indemnizaciones laborales.