El Fondo Monetario y el gobierno de derecha en Bolivia oficializaron el acuerdo el pasado 29 de julio. La administración de Rodrigo Paz adelanta un plan de ajuste y endeudamiento por varias décadas. El programa con el FMI también permitirá movilizar otros USD 5.000 de organismos multilaterales.
El Gobierno de Bolivia confirmó el jueves que el acuerdo financiero por USD 1.900 millones alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya fue remitido por el presidente Rodrigo Paz al Parlamento para su análisis y aprobación.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, informó que el proyecto de Ley 723, destinado a respaldar el programa de reformas económicas, llegó al Legislativo la semana pasada. En los últimos días, el Ejecutivo envió documentación complementaria para facilitar el inicio del debate parlamentario.
Morales señaló que todos los legisladores tendrán acceso al acuerdo y a sus condiciones. “Las divisas que vayamos a obtener del FMI van a permitir elevar la posición de las reservas internacionales que tiene el país, garantizar el flujo de divisas hacia el mercado y continuar con la estabilización del tipo de cambio”, afirmó.
El proyecto establece una asignación de 1.369 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a USD 1.900 millones, para atender los desequilibrios fiscales y externos que afectan a Bolivia desde los últimos años.
El crédito tendrá un plazo de devolución de hasta 10 años desde cada desembolso y una tasa de interés del 3,47%, sujeta a variaciones según la cotización de los derechos especiales de giro. La amortización comenzará cuatro años y seis meses después de cada entrega, mientras que los desembolsos podrán ejecutarse durante un período máximo de 36 meses.
Bolivia y el FMI oficializaron el acuerdo el 29 de julio. El Gobierno sostuvo entonces que el programa también permitirá movilizar otros USD 5.000 millones de organismos multilaterales.
Entre los compromisos asumidos figuran la racionalización del gasto público, la preservación del financiamiento monetario cero del déficit fiscal y el fortalecimiento de la gobernanza y de la autonomía operativa del Banco Central de Bolivia (BCB).
El convenio se anunció en medio de una crisis económica que se profundizó desde 2023, con escasez de dólares, caída de las reservas internacionales netas e inflación elevada. Desde que Paz asumió la Presidencia en noviembre de 2025, el país mantuvo dificultades para acceder a divisas. En los últimos meses, el Ejecutivo inició la devolución de ahorros en moneda extranjera, luego de dos años de restricciones a los retiros y las operaciones en dólares.
