Del velatorio del Indio Solari a las explicaciones patrimoniales de Manuel Adorni, el gobierno exhibe una misma lógica: condena inmediata para los adversarios, comprensión infinita para los propios. Cuando la vara moral cambia según la pertenencia política, la promesa de cambio empieza a parecerse demasiado a aquello que decía combatir.

Silvia Abaca
Periodista y consultora

Hay gobiernos que intentan resolver problemas. Y hay gobiernos que parecen necesitar culpables.

La semana pasada dejó dos escenas que, a primera vista, no tienen relación entre sí. Por un lado, cientos de miles de personas desfilan en el Polideportivo Gatica de Avellaneda despidiendo al Indio Solari en una de las manifestaciones populares más conmovedoras de los últimos años. Por el otro, Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, intentando explicar inconsistencias patrimoniales que ya no ocupan solamente las páginas de los diarios sino también despachos judiciales y pasillos del Congreso.

Sin embargo, ambas escenas revelan una misma lógica política.

Durante días, dirigentes, comunicadores y militantes libertarios parecían esperar que el velatorio del Indio terminara mal. Que hubiera incidentes. Que aparecieran imágenes de caos. Que alguien pudiera responsabilizar a Axel Kicillof, a Máximo Kirchner o al kirchnerismo en general. Que se apareciera otro “muerto” que pudiera ser tapa.

No se trataba de comprender un fenómeno cultural ni de acompañar el dolor de cientos de miles de personas. Parecía tratarse de otra cosa: la expectativa de encontrar una nueva excusa para alimentar la maquinaria del odio.

Pero los incidentes no llegaron. El pueblo despidió a uno de sus artistas más queridos con respeto, emoción y una organización que desarmó los pronósticos más agoreros.

Y entonces el interés desapareció.

La crueldad política tiene esa característica: necesita permanentemente que algo salga mal. Necesita enemigos. Necesita culpables. Necesita convertir cada acontecimiento social en una oportunidad para señalar con el dedo.

Tal vez por eso algunos deseaban el fracaso de aquella despedida. Porque representaba algo que el oficialismo no comprende del todo y muchas veces desprecia: una comunidad construida desde abajo, una identidad popular imposible de controlar, ordenar o convertir en mercancía política.

La misma lógica, pero en sentido contrario, aparece hoy en torno a Manuel Adorni.

No estamos hablando de un asesor secundario ni de un funcionario perdido en algún rincón del Estado. Estamos hablando del jefe de Gabinete de la Nación. Del funcionario encargado de coordinar la administración pública y de rendir cuentas ante el Congreso.

Las investigaciones periodísticas publicadas en los últimos días abrieron interrogantes sobre la evolución de su patrimonio, las criptomonedas utilizadas para justificar parte de ese crecimiento y las explicaciones posteriores vinculadas a una herencia familiar. A partir de allí, la Justicia avanzó con medidas para reconstruir el origen de esos bienes y verificar la consistencia de la información presentada.

No corresponde anticipar culpabilidades. Para eso existen los jueces, los fiscales y las pruebas.

Pero sí corresponde señalar una evidencia política.

El gobierno que construyó buena parte de su identidad alrededor de la transparencia y de la denuncia permanente contra “la casta” parece haber perdido súbitamente el entusiasmo por las explicaciones cuando las preguntas alcanzan a uno de los propios.

Las mismas voces que durante años exigieron condenas inmediatas frente a cualquier denuncia contra dirigentes opositores ahora reclaman prudencia, paciencia y comprensión.

La sospecha ya no alcanza.

La duda ya no basta.

Las preguntas ya no son bienvenidas.

La fuerza de Javier Milei no nació solamente de una propuesta económica. Nació también de una promesa moral. La promesa de que habría una vara para todos. De que los privilegios se terminarían. De que las explicaciones que antes parecían inadmisibles dejarían de ser aceptadas por el simple hecho de provenir del poder.

Por eso el caso Adorni genera ruido incluso entre quienes acompañaron al oficialismo. No porque exista una condena ni una certeza judicial definitiva, sino porque reaparecen mecanismos demasiado conocidos: rectificaciones tardías, explicaciones cambiantes, respaldos incondicionales y una resistencia creciente a rendir cuentas.

Y existe además un problema político que el oficialismo difícilmente pueda esquivar.

Durante la campaña legislativa de 2025, La Libertad Avanza eligió una consigna tan simple como contundente: “Adorni es Milei”.

No era una frase casual. Buscaba transmitir que el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete no era un funcionario más, sino una expresión directa del proyecto político encabezado por el Presidente.

Por eso resulta difícil presentar hoy el caso como una cuestión individual.

Si Adorni era Milei cuando se pedían votos, también lo es cuando aparecen preguntas incómodas.

Y si Milei decidió convertirlo en uno de los rostros centrales de su proyecto político, resulta inevitable que las explicaciones pendientes del jefe de Gabinete terminen proyectándose sobre el propio gobierno.

Más aún cuando fue el propio Adorni quien compareció ante la Cámara de Diputados, a fines de abril, para brindar su informe de gestión y ofrecer explicaciones que hoy aparecen severamente cuestionadas por la información que fue surgiendo posteriormente.

Mientras tanto, en el Congreso avanzan iniciativas para interpelarlo e incluso sectores opositores analizan la posibilidad de impulsar una moción de censura y eyectarlo del cargo, mecanismo previsto en la Constitución Nacional. El problema dejó de ser una controversia periodística para convertirse en una cuestión institucional.

Y alrededor del caso empiezan a multiplicarse otras interpretaciones. Algunos observadores sostienen que la exposición permanente de Adorni también expresa tensiones internas dentro del propio universo libertario. Otros creen que la centralidad del tema contribuye a desplazar de la agenda asuntos que golpean cotidianamente a millones de argentinos: la caída del consumo, el deterioro de los ingresos, la recesión, el empleo y las consecuencias sociales del ajuste.

Tal vez ambas cosas sean ciertas.

Pero incluso si así fuera, nada modifica la cuestión de fondo.

La pregunta ya no es solamente qué ocurrió con las criptomonedas, las declaraciones juradas o la herencia.

La pregunta es por qué quienes hicieron de la transparencia una bandera consideran ahora que pedir explicaciones constituye una agresión política.

Y la respuesta parece encontrarse en la misma lógica que atravesó el velatorio del Indio.

Para los adversarios, la sospecha equivale a condena.

Para los propios, la sospecha exige comprensión.

Para unos, el escarnio público.

Para otros, el beneficio infinito de la duda.

No es una contradicción.

Es un método.

La crueldad para los otros.

La indulgencia para los propios.

La condena anticipada para los adversarios.

La presunción eterna para los aliados.

El problema para Milei no es solamente Adorni.

El problema es que los gobiernos pueden sobrevivir a una denuncia, a una investigación o incluso a un escándalo.

Lo que rara vez sobreviven es a la pérdida de autoridad moral.

Porque cuando la vara deja de medir conductas y empieza a medir pertenencias, la promesa de cambio se convierte apenas en un cambio de nombres.

Y cuando el fracaso ajeno se convierte en una esperanza mientras las explicaciones propias se vuelven innecesarias, la política deja de ser una herramienta para transformar la realidad.

Se transforma en algo mucho más peligroso: una maquinaria dedicada a producir impunidad para unos y castigo para otros.