El gobernador Ricardo Quintela acudirá a la Corte Suprema para reclamar la revisión de los límites entre La Rioja y San Juan. Parte del territorio del departamento Iglesia fue “sustraído ilegítimamente” en 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.

El conflicto, que siempre estuvo latente para La Rioja, pero que San Juan considera saldado, resurgió con fuerza en los últimos años por un factor que no existía a fines de los ’60: la renta minera.

El yacimiento Josemaría, uno de los proyectos de cobre más grandes del país, se encuentra en la zona que La Rioja considera propia, y su valor económico vuelve a encender la disputa limítrofe, que atravesó dictaduras, gobiernos democráticos y fracasados intentos legislativos.

Límites definidos por la dictadura de Onganía

En junio de 1967, a través de la ley 17.324, el presidente de facto Juan Carlos Onganía creó la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales, con el objetivo de resolver todos los límites internos entre provincias argentinas, una tarea pendiente desde el siglo XIX.

El gobierno de La Rioja designó como representantes para integrar esa comisión al ministro de Gobierno e Instrucción Pública, Roberto Catalán, y a Germán Kammerath Gordillo. Una de las negociaciones que les tocó realizar fue con la provincia de San Juan, con la que La Rioja supuestamente mantenía áreas conflictivas, aunque esa afirmación no es compartida por el gobierno de La Rioja.

Los representantes de San Juan fueron dos especialistas en cuestiones limítrofes: Horacio Videla, un abogado e historiador que había sido vicegobernador y había investigado profundamente el tema, y el también historiador Rogelio Díaz Costa, quien había profundizado el trabajo de Videla.

El 5 de enero de 1968 comenzaron a trabajar las comisiones de ambas provincias y tres meses después, el 12 de marzo, se firmó el acuerdo limítrofe. Lo suscribieron los gobernadores de facto Guillermo Iribarren (La Rioja) y Edgardo Gómez (San Juan), y sus ministros de gobierno. El 6 de junio de ese año, el pacto fue homologado por la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales. Ese mismo día, el ministro del Interior, Guillermo A. Borda, visitó La Rioja.

El pacto determinó que quedaría bajo jurisdicción de San Juan el Valle de la Luna (actual Parque Provincial Ischigualasto). Algo similar ocurrió en la zona cordillerana, en la zona en la que hoy se desarrollan los proyectos Josemaría y Filo del Sol.

Finalmente, el 16 de diciembre de 1968, Onganía sancionó y promulgó el decreto-ley 18.004, publicado en el Boletín Oficial del 23 de diciembre de ese año, que fijó los límites entre las provincias en los mismos términos del acuerdo. La norma fue refrendada por el ministro del Interior, Guillermo A. Borda, sin intervención del Congreso, que había sido cerrado por la dictadura.

Tres reclamos y un mismo argumento

El planteo de Quintela ahora es que como ese acuerdo de limites se firmó en un gobierno de facto, debe ser revisado y ratificado en el Congreso. En rigor, es la tercera vez que el gobernador riojano insiste en revisar los límites entre ambas provincias.

El antecedente más reciente se dio en octubre de 2025, cuando el mandatario anunció la apertura de un frente judicial para “recuperar los límites históricos” y puso en el centro del debate al proyecto Josemaría, al que calificó como “la mina más importante del país” y sostuvo que “otrora fue riojana”. En ese momento, también cuestionó el acuerdo que definió su pertenencia a San Juan, al considerarlo “ilegal e ilegítimo”.

Antes, en 2021, ya había impulsado un planteo similar. En aquel entonces, el exsecretario de Minería de la Nación, el sanjuanino Alberto Hensel, rechazó la postura y defendió la jurisdicción sanjuanina, al señalar que el proyecto fue desarrollado íntegramente bajo decisiones políticas, inversiones y gestiones de esa provincia. Como alternativa, propuso avanzar en esquemas de integración regional sin alterar los límites.

Ahora, el reclamo volvió a escena con más fuerza. Quintela insiste en que el acuerdo limítrofe carece de validez democrática por haber sido firmado durante un gobierno militar y busca que el tema sea tratado en el Congreso. Su planteo no solo incluye el área del cerro El Potro, donde esta Josemaría, sino también un símbolo provincial como el Valle de la Luna.

Menem, desde el Senado

Ya en 2010, el entonces senador nacional Carlos Menem impulsó un proyecto de ley ante el Congreso que presidía por aquellos años Julio Cobos. Allí pedía revisar los límites entre La Rioja y San Juan.

En sus fundamentos, Menem sostuvo que la ley que fijó los límites en 1968 era inconstitucional por haber sido dictada por un gobierno de facto en una materia que corresponde al Congreso. Además, consideró ilegítimo el acuerdo previo entre gobernadores por no haber cumplido con los mecanismos previstos en las constituciones provinciales, que exigen aprobación legislativa y consulta popular. Incluso recordó que en 1973 la Legislatura riojana rechazó formalmente ese convenio y planteó la necesidad de rediscutir los límites conforme al derecho vigente.

Ese mismo argumento, que es la falta de legitimidad del acuerdo de origen, es el que hoy retoma Quintela para sostener su reclamo.

Un interés y miles de millones

Durante décadas, esos límites no fueron objetados en la práctica. La ley de 1968 fue publicada, aplicada y utilizada como base para el desarrollo de proyectos productivos sin mayores controversias judiciales.

Sin embargo, el contexto cambió. El peso económico de la minería, la magnitud de las inversiones y el impacto en regalías e infraestructura reactivaron una discusión que parecía saldada.

Desde La Rioja, el reclamo apunta a revisar la validez de aquel acuerdo y a reabrir la discusión en el Congreso. Desde San Juan, la postura se sostiene en la vigencia de la ley, en la consolidación territorial y en el desarrollo efectivo de los proyectos dentro de su jurisdicción.

En el medio, el conflicto vuelve a tensar la relación entre provincias vecinas y a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: si un acuerdo firmado hace más de 60 años puede ser revisado hoy, en un escenario donde los recursos mineros en juego valen miles de millones de dólares.