Es jubilada, tiene 87 años y es uno de los miles de desahucios que se ejecutan al año en España. Su caso ha prendido la indignación colectiva ante el exceso e impunidad de tantas empresas inmobiliarias, fondos buitres y pymes buitres.
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“¡Luchad, no os quedéis en casa! ¡Luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a ella!”. Maricarmen se dirigió con estas palabras a los vecinos y activistas que inundaron su calle durante la noche del pasado 22 de septiembre. Lo hizo desde una silla de ruedas y arropada por el Sindicato de Inquilinas. A la mañana siguiente, varios policías tiraron abajo su puerta y la expulsaron del piso en el que llevaba viviendo más de setenta años.
El Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España no han querido o no han podido darle otro desenlace a Maricarmen, desahuciada por la empresa Urbagestión. “No he logrado defender mi casa, pero sí que los demás aprendan a luchar por las suyas”, reflexionó la mujer desde el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanece ingresada. El desahucio ha sido inhumano, pero quienes intentaron frenarlo creen que puede servir para “despertar una ola de indignación” y movilizaciones que llevaba tiempo adormecida.
El respaldo que recibió durante meses
El caso de Maricarmen atrajo el apoyo de artistas y figuras públicas españolas como Rozalén, Ismael Serrano, Juan Diego Botto, Facu Díaz y Alberto San Juan, que participaron en manifestaciones y concentraciones organizadas por el Sindicato de Inquilinas frente a su vivienda.
Activistas de esa organización llegaron incluso a interrumpir un acto de la ministra de Vivienda para exigir una solución a su caso.Maricarmen, quien tiene reconocido un 50% de discapacidad, había rechazado las alternativas como un lugar en una residencia pública o un piso tutelado —vivienda compartida donde residen personas que necesitan apoyo o supervisión profesional—, los cuales han sido ofrecidos por los servicios sociales. Por su parte, ella insiste en que la única alternativa aceptable es seguir en la casa donde vivió toda su vida.
Maricarmen vive en ese departamento desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de arrendamiento. Luego de la muerte de sus padres, ella se subrogó en esas condiciones.
De pagar 500 a 1600 euros
El edificio cambió de propietario en 2018 y terminó en poder de la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una inmobiliaria dedicada a la compra y gestión de activos, que reclamó que el contrato no podía volver a subrogarse.
La empresa le exigió un aumento del 275 %, es decir, hasta los 1650 euros mensuales, frente a los cerca de 500 que pagaba. Esta se convirtió en una cifra que ella no podía asumir con su pensión de 1350 euros.
La situación es alarmante. El mercado de la vivienda está enloquecido y cada vez son más las familias que tienen dificultades para llegar a final de mes. El malestar, sin embargo, tiene dificultades para encontrar una respuesta sólida en las calles. Las concentraciones que se han visto esta semana en distintas ciudades de todo el país son la excepción y no la norma.
“La rabia no desapareció cuando se cerró la puerta de la casa de Maricarmen, pero tenemos que preguntarnos por qué hace falta llegar a un punto tan extremo para conseguir una organización colectiva. Los desahucios ocurren todos los días y de manera mucho más silenciosa, tenemos familias a las que no se les renuevan los contratos y vecinos que tienen que abandonar sus barrios porque no pueden pagar un alquiler. La solidaridad que se ha generado no puede terminar con Maricarmen”, reivindican Pablo Pérez y Valeria Racu, portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
El movimiento por la vivienda ha convocado varias protestas tanto en la capital como en otras ciudades españolas a lo largo de la semana. Las calles se han vuelto a desbordar por una causa social en un momento en el que la derecha y la extrema derecha parecían ganar peso en el control de los espacios públicos. “Este caso tiene una brutalidad que arroja luz sobre las entrañas de un sistema capitalista que es injusto por naturaleza. Y esa injusticia profunda ligada a la mercantilización de todos los aspectos de la vida humana es el elemento estructural que posibilita las movilizaciones populares. El componente estructural necesita además un elemento coyuntural, una suerte de chispa, un evento concreto emocionalmente potente y capaz de reactivar las protestas, como puede ser el cruel desahucio de Maricarmen. El impacto ha sido tan fuerte que puede servir como acicate para otras movilizaciones”, argumenta Arkaitz Letamendia, profesor de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco (EHU) y autor de Forma y tiempo en la protesta social: una aproximación dialéctica (Bellaterra). ¿La izquierda ha perdido fuerza en las calles? ¿Qué hace falta para recuperar la movilización social? ¿La derecha es realmente quien tiene ahora la hegemonía?
