Frente a la marcha oficialista en Guayaquil, movimientos sociales en Quito denunciaron al gobierno de Daniel Noboa por su incapacidad de resolver la crisis de inseguridad, en un contexto de aumento de crímenes y el narcotráfico en Ecuador. Piden declarar inconstitucional las leyes promovidas porque vulneran derechos fundamentales.

La movilización se desarrolló por las calles del centro histórico de Quito hasta llegar a la Plaza de Santo Domingo, a pocos metros del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia y del Gobierno, hacia donde la Policía impidió que avanzaran los manifestantes, lo que derivó en forcejeos con vallas antidisturbios y el lanzamientos de algunos gases lacrimógenos.

Jubilados, trabajadores e indígenas se manifestaron pacíficamente este jueves en rechazo a las políticas del Gobierno de Daniel Noboa, la crisis de inseguridad y la escasez de medicinas en hospitales.

También rechazan las leyes de Integridad, Solidaridad e Inteligencia aprobadas por la Asamblea Nacional, normativas cuestionadas por su inconstitucionalidad, exceso de poder concedido al Ejecutivo, autorizaciones desmedidas al uso de la fuerza letal y accesos a datos privados.

Suspensión de artículos

El máximo tribunal de garantías suspendió de manera cautelar varios artículos de una serie de leyes impulsadas por Noboa de manera exprés al calificarlas de «carácter económico urgente» pero que en su redacción legislan sobre aspectos de seguridad, entre otras materias.

Entre los artículos suspendidos de forma preliminar hasta que los jueces tomen una decisión definitiva está el que daba al jefe de Estado la prerrogativa de conceder «indultos anticipados» a policías y militares que sean procesados por delitos en marco del «conflicto armado interno» que Noboa declaró desde inicios de 2024 contra el crimen organizado.

Asimismo, también quedaron de momento sin efecto varios artículos de la Ley de Inteligencia que permitían a los agentes adquirir identidades falsas así como requerir a las empresas telefónicas datos de los usuarios.

“Esta movilización es del pueblo ecuatoriano para demandar que se resuelvan sus problemas y contrasta con la movilización convocada con recursos del Estado, con la plata de las y los ecuatorianos, y que no busca resolver los problemas sino simplemente ponerse en sintonía con el ego de un dictadorzuelo”, señaló Nelson Erazo, del Frente Popular.

Frente a despidos en el sector público

Los colectivos ciudadanos y sociales también salieron nuevamente a levantar su voz de protesta contra los recortes de Noboa en el Gobierno, que contempla despedir a unos 5.000 funcionarios, así como contra el nuevo referéndum que quiere celebrar a finales de año, con propuestas como hacer que los jueces de la Corte Constitucional sean objeto de juicio político por parte del Parlamento.

«Esto no es pagado con la plata del Estado», cantaron durante varios momentos los participantes de esta «contramarcha» en respuesta a la movilización liderada por Noboa.

El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, señaló que «la Corte Constitucional tiene que dar a conocer la sentencia frente a la Ley de Integridad Pública, porque se está despidiendo a cientos de profesores y médicos».

Quishpe demandó que el pronunciamiento de la Corte salga antes de final de año «porque el Gobierno sabe muy bien que en diciembre miles de trabajadores públicos cesan sus contratos o nombramientos temporales».

Campaña al ‘No’

La marcha liderada por Noboa en Guayaquil, «se volvió a movilizar un Gobierno que utiliza los recursos del Estado y que chantajea a los servidores públicos que no tienen estabilidad laboral y que lo único que busca es asaltar la Corte Constitucional, sea a través del autoritarismo o a través de una consulta mañosa», dijeron los manifestantes.

«Es un presidente que no le duele el país, mentiroso y autoritario», señaló Quishpe al anticipar que su sindicato hará campaña por el ‘No’.

«No al derroche, no a la incapacidad y no al autoritarismo. La consulta popular no va a resolver ninguno de los problemas en salud, seguridad o trabajo. Solo resolverá los intereses políticos de Noboa para tener un Estado autoritario y tomarse la Corte Constitucional», agregó.

Aunque el presidente Noboa afirma repetidamente que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico constituyen sus principales metas, sus estrategias no han podido devolver la seguridad a las calles ecuatorianas ni disminuir el tráfico de estupefacientes.

En el primer trimestre de 2025 se registraron casi 3000 homicidios, una de las cifras más alarmantes desde 2023, año más violento en la historia reciente de Ecuador.