La presidenta mexicana presentó los avances del Programa de Vivienda para el Bienestar, resaltando que el acceso a una casa digna debe entenderse como un derecho humano y no como un bien especulativo.

“La vivienda como derecho, no como una mercancía”, enfatizó la mandataria al anunciar la construcción de 1.8 millones de viviendas, con un costo promedio de 600 mil pesos, beneficiando a 6.8 millones de personas en todo el país.

Sheinbaum advirtió que familias enteras se ven obligadas a mudarse varias veces, abandonar sus barrios de origen, encareciendo el costo de vida y obligando a los trabajadores a mudarse cada vez más lejos de sus empleos. En contraste, los nuevos desarrollos impulsados por el gobierno buscan terrenos accesibles, bien conectados y cercanos a los centros laborales.

“Se están buscando predios accesibles que permitan a las personas vivir cerca de sus centros de trabajo, garantizando el acceso a la vivienda como un derecho y no como una mercancía”, dijo.

Viviendas accesibles y créditos sostenibles

Sheinbaum recalcó que las nuevas políticas de financiamiento limitan las tasas de interés a un máximo de un tercio del ingreso de los trabajadores. Esto evita que los créditos se conviertan en cargas impagables, como ocurrió en administraciones anteriores.

Se prevé que un millón de viviendas sean escrituradas, beneficiando a 3.6 millones de familias, en zonas urbanas con acceso a transporte público, áreas verdes y servicios básicos.

El costo de 600 mil pesos por vivienda es 40% menor al precio promedio de casas en zonas urbanas de México, donde el valor ronda 1 millón de pesos.

La meta de 1.8 millones de viviendas nuevas representa casi el doble de hogares construidos en el sexenio anterior.

Infonavit es el principal organismo hipotecario de América Latina y uno de los más grandes del mundo, con más de 70 millones de derechohabientes.

Con esta estrategia, el gobierno federal busca cerrar la brecha de acceso a vivienda digna, apostando por desarrollos habitacionales accesibles y sostenibles, que permitan a las familias mexicanas vivir con seguridad, cercanía a sus empleos y servicios básicos garantizados.