El documento explica que esta ley de “modernización laboral” “se inscribe en una ofensiva sistemática que busca reformular la regulación de las relaciones individuales, colectivas y de la Seguridad Social en el país”. Esa avanzada no comenzó con el proyecto actualmente en debate, sino que se desplegó “a pocas horas de asumir el actual gobierno libertario, con el dictado del Protocolo Antipiquetes (Resolución MS 943/23), seguido por el DNU 70/2023 (declarado inconstitucional por la Justicia Nacional del Trabajo), continuado por la Ley Bases 27.742, y una estela de normas de excepción como los Decretos de Necesidad y Urgencia 731/24 (propinas), 340/25 (desregulación de la Marina Mercante y huelga en los servicios esenciales)”.

El documento provincial subraya que esa secuencia normativa se completa con reformas y resoluciones infralegales que apuntan a restringir derechos colectivos, y propone una interpretación histórica más amplia. “Esta avanzada reformista encuentra antecedentes en las políticas del gobierno nacional de Mauricio Macri y provincial de María Eugenia Vidal, las del gobierno de la Alianza en la gestión de Fernando de la Rúa, las de las presidencias de Carlos Menem”.

Pero el documento va más allá y fija un punto de origen preciso. “Encuentran su momento fundacional con el golpe cívico militar de marzo de 1976 que, a menos de un mes de arrebatar el poder del Estado, produjo la más brutal reforma laboral simbolizada en el desmantelamiento de la Ley de Contrato de Trabajo escrita por Norberto Centeno”. El informe remarca que “a escasas semanas de cumplirse, el próximo 23 de abril, 50 años del mensaje que elevara el general Horacio Tomás Liendo –el usurpador del Ministerio de Trabajo– al presidente de facto Jorge Rafael Videla, fundamentando la mutilación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la reforma laboral libertaria adquiere otra trascendencia y dimensión”.

Durante la presentación, Walter Correa fue categórico al señalar que el proyecto nacional no contiene “ni un solo artículo” que fortalezca los derechos de trabajadores y trabajadoras. “Cuando la derecha y la extrema derecha se hacen cargo de los destinos de la Patria, vienen por la precarización laboral”, afirmó el ministro, y remarcó que la provincia no fue convocada en ningún momento para aportar su mirada en la elaboración de la iniciativa. Para Correa, el debate que se dará en el Senado no es meramente técnico, sino profundamente político y cultural.

Carlos Bianco, por su parte, puso el acento en el modelo de país que subyace detrás de la reforma. Según el ministro de Gobierno, la iniciativa no apunta a crear empleo, sino a facilitar un proceso de desindustrialización y a desfinanciar la seguridad social. “El empleo no se genera flexibilizando, sino fortaleciendo la producción y las políticas públicas que defienden el trabajo”, sostuvo, en una crítica directa al enfoque del oficialismo nacional.

La contracara del proyecto libertario

El rechazo bonaerense no se limita a la crítica. En paralelo, la el gobierno bonaerense busca instalar una agenda alternativa que funcione como contracara del proyecto libertario. En ese marco se inscribe la propuesta de creación de la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (ICLOP), enviada por el gobernador Kicillof a la Legislatura bonaerense en 2025. El objetivo de esa iniciativa es reducir la litigiosidad mediante la resolución temprana de conflictos, sin recortar derechos ni debilitar garantías.

Desde el gobierno provincial sostienen que esta “contrarreforma” apunta a demostrar que es posible discutir cambios en el sistema laboral desde una perspectiva moderna y equilibrada. El ICLOP propone intervenir antes del juicio, con mediadores del Estado, para agilizar acuerdos y descomprimir un fuero laboral saturado, pero sin tocar el piso de derechos que protege a los trabajadores. Para la administración bonaerense, este enfoque contrasta de manera directa con la lógica punitiva y regresiva que atribuyen al proyecto nacional.

Otro elemento clave de la postura provincial es la regulación del trabajo en plataformas digitales. Mientras la reforma libertaria, según el informe, tiende a deslaboralizar nuevas formas de empleo, la provincia plantea la necesidad de una intervención estatal que garantice condiciones de salud, seguridad y registración laboral. En ese marco, Buenos Aires se presenta como un actor que busca anticiparse a los cambios tecnológicos sin resignar derechos históricos.

El documento presentado en la Casa de Gobierno bonaerense también subraya el rol de la formación profesional como herramienta central para el desarrollo. La Provincia destaca la existencia de más de 360 Centros de Formación Laboral activos y los miles de trabajadores capacitados en función de las necesidades productivas de cada región. Esa política, afirman, es una muestra concreta de un Estado presente que apuesta a la inclusión y a la mejora de la productividad sin recurrir al ajuste sobre los derechos.

Sindicatos, cámaras empresarias, pymes, abogados laboralistas, legisladores y referentes sociales acompañaron la presentación, dando una señal de transversalidad que busca contraponerse al aislamiento del proyecto nacional. Según la Provincia, se intenta mostrar que su rechazo no es sectorial ni ideológico en sentido estrecho, sino una defensa amplia del entramado productivo y social.