La Cancillería de Milei ratifica su alineamiento con la Casa Blanca y redobla su ataque a Venezuela. La decisión llega una semana después de la visita el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, a la Argentina. El Gobierno de Donald Trump acusa sin prueba alguna al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y a su ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, de ser los líderes de la organización.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Gerardo Werthein, anunció la incorporación del “Cártel de los Soles” como grupo de terrorista como parte de “los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento” y aseguró que “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales”.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 26, 2025
El gobierno de Milei sigue los pasos de la Casa Blanca en la construcción de un supuesto enemigo a perseguir en la región. La inscripción de este cártel a la RePET, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas y protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos, según explicó al Cancillería.
Estas acciones se dan en el marco de la nueva ofensiva del gobierno de Trump hacia Venezuela. Ya habría empezado a desplegar a 4 mil agentes, principalmente infantes de Marina, en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir, supuestamente, a los carteles del narcotráfico.
El pasado 8 de agosto, el magnate republicano había anunciado que iba a emplear a las Fuerzas Armadas contra carteles extranjeros. Al mismo tiempo, aumentó la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro a 50 millones de dólares: en concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del gobierno venezolano, una acusación que rechaza el chavismo y varios gobiernos de Latinoamérica.
