El gobernador Axel Kicillof recordó la condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias. Se usó un argumento jurídicamente absurdo: “no podía no saber”.
A exactamente un año de que la Corte Suprema confirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, ejecutada el 10 de junio de 2025 con su detención domiciliaria, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, repudió el disciplinamiento político del poder real que significó este fallo.
A un año del fallo contra Cristina
Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real.
Cristina fue víctima de una larguísima persecución que…— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 10, 2026
“Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria”, afirmó Kicillof. Para el gobernador, la sentencia en la causa Vialidad tiene dos vicios centrales: se la responsabilizó por la adjudicación de obra pública, una facultad que correspondía al Ministerio de Planificación y no a la Presidencia, y se la condenó sin prueba directa de su participación, recurriendo al argumento de que, dado su cargo, “no podía no saber” del esquema irregular. Ese razonamiento, sostuvo Kicillof, es “jurídicamente absurdo” porque reemplaza la prueba concreta por una presunción basada en la jerarquía.
Kicillof, en declaraciones a la prensa, profundizó sus críticas al fallo y aseguró que la condena fue “preparada durante años” a través de distintas causas judiciales. “No sólo estamos ante un fallo injusto y una persecución, sino ante un argumento jurídico absurdo. El argumento fue que ‘no podía no saber’, casi un acto de fe”, sostuvo.
Kicillof afirmó además que “sin pruebas de sobreprecios no hay lógica para que la condena recaiga sobre Cristina” y cuestionó otros expedientes judiciales impulsados contra dirigentes kirchneristas. “No tienen argumentos reales desde lo jurídico. Son casos de estricta persecución. Se condenó un delito que no existió”, remarcó.
El gobernador también interpretó que detrás de la sentencia existe un intento de “disciplinar, condicionar y amedrentar” a quienes enfrentan a los sectores de poder. “Está en juego la capacidad de poder representar a los sectores populares y está en juego la democracia”, advirtió sobre la proscripción a Cristina.
En su mensaje, también evaluó que “persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió” la titular del Partido Justicialista nacional en septiembre de 2022 y criticó la gestión judicial del caso al aseverar que, “a casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia”.
Kicillof trazó además una línea entre la condena judicial y el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Según el gobernador, los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Fernández de Kirchner son los que hoy “sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos”.
Cerró su mensaje con una afirmación que retoma -y reformula- el argumento legal que pesó sobre la exmandataria: “Ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida”. Y completó: “Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”.
