Mientras el dólar se mantiene en valores similares a los de 2023, los precios de alimentos y combustibles se multiplicaron. Con inversiones que no llegan, señales de desgaste en las encuestas y un avance sobre derechos laborales y ambientales, el supuesto orden macroeconómico enfrenta crecientes tensiones sociales.

Silvia Abaca
Periodista y consultora

Mientras el dólar vuelve a tensionarse y los precios no dan respiro, el gobierno elige responder con represión a quienes se manifiestan frente al Congreso contra la reforma laboral y otras leyes. La senadora Patricia Bullrich justificó la represión al camarógrafo de A24 y a los manifestantes, diciendo: “al Congreso no se puede entrar”. Los que manifestaban, lo hicieron en las escalinatas, el periodista quería cumplir con su trabajo. A la “casa de las leyes”, al lugar donde están nuestros representantes, al lugar de la democracia, no se puede entrar.

La escena no es aislada: cuando la economía no logra consolidar resultados en la vida cotidiana, la política se endurece.

Los números son elocuentes. En 2023, con un dólar en torno a los $1430, el kilo de carne rondaba los $3500 y el litro de nafta los $350. Hoy, con un dólar en valores similares, la carne trepa a los $20.000 y la nafta a $2000. El tipo de cambio puede exhibirse como ancla discursiva, pero el ancla no llega al supermercado. El salario perdió capacidad de compra, el consumo se contrajo y la recuperación prometida no aparece.

Si el dólar no explica todo, entonces hay que mirar el resto del programa. La desregulación de precios, la apertura acelerada y la transferencia de ingresos hacia sectores concentrados reconfiguraron la economía real. La inflación dejó de un problema heredado para convivir con un supuesto orden macroeconómico que, en los hechos, muestra fragilidades: actividad en retroceso, mercado interno debilitado y dependencia creciente de financiamiento externo.

El argumento oficial sostiene que el ajuste era condición necesaria para que llegaran inversiones. Sin embargo, el flujo prometido no se materializa en la magnitud anunciada. Más allá de anuncios y expectativas, no se observa un boom inversor que compense la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo.

La estabilidad financiera, sin expansión productiva, resulta insuficiente para sostener el crecimiento y el empleo.

En ese contexto, la reforma laboral aparece como la pieza que completa el esquema: reducir el “costo laboral” para atraer capitales. Menor litigiosidad, más flexibilidad, menos indemnizaciones. Es decir, salarios como variable de ajuste. Pero cuando la competitividad se busca principalmente por la vía del ingreso de los trabajadores, el impacto social es inmediato.

El paquete incluye además señales preocupantes en materia ambiental. Los intentos de modificar o debilitar la Ley de Glaciares no sólo implican un debate ecológico, sino una definición estratégica sobre recursos naturales y controles estatales. La flexibilización laboral y la flexibilización ambiental responden a una misma lógica: reducir regulaciones para acelerar decisiones económicas, aun cuando eso implique retrocesos en derechos y protecciones.

El clima social empieza a reflejar tensiones. Encuestas recientes, como la de AtlasIntel, muestran un escenario más complejo para el oficialismo, con señales de desgaste en la evaluación de la situación económica y en las expectativas hacia adelante. Los sondeos no determinan la realidad, pero sí funcionan como termómetro: el respaldo social no es indefinido cuando el bolsillo se deteriora.

La represión frente al Congreso, en ese marco, adquiere otro significado. No es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de contención del conflicto en un contexto donde las variables sociales no acompañan el relato de estabilidad.

La discusión de fondo excede una ley puntual. Se debate si el equilibrio macro se puede sostener con salarios deprimidos, consumo retraído y recursos naturales bajo presión. Y también si el camino elegido —ajuste rápido, reformas estructurales y endurecimiento frente a la protesta— construye gobernabilidad o acumula tensiones.

La pregunta ya no es sólo cuánto vale el dólar. La pregunta es si ese supuesto orden macro se traduce en mejora real para la mayoría o si se trata de una estabilidad frágil, sostenida más por expectativas que por dinamismo productivo. Las encuestas empiezan a advertirlo. La calle también.