El Gobierno argentino oficializó la puesta en marcha de la privatización de 9.000 kilómetros de autopistas que integran la Red Vial Nacional, afectando la obra estratégica que conecta al país austral con Uruguay, Brasil y Paraguay.
La “motosierra” de Milei se mantiene encendida. El Gobierno argentino comenzó la privatización de más de 9.145 kilómetros de rutas y autopistas que funcionaban bajo administración pública. La medida alcanza al Corredor Vial 18, conocido como la “Ruta del Mercosur”, dado que conecta al país con Brasil, Uruguay y Paraguay, razón por la que desempeña un papel de vital relevancia para el comercio del principal bloque regional de América del Sur.
El eje central del anuncio remite a la privatización del principal corredor que conecta a Argentina con sus socios del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), catalizando el transporte de bienes hacia y desde Uruguay, Paraguay y Brasil.
Para concretar su iniciativa, Milei cuenta con el aval del Congreso, que al aprobar la emblemática ley ómnibus libertaria habilitó la privatización de Corredores Viales, firma estatal a cargo de la gestión de las rutas nacionales.
Sin embargo, la concesión de rutas por peaje no es una novedad para la sociedad argentina: se trata de una de las medidas paradigmáticas del modelo neoliberal que instauró el expresidente Carlos Saúl Menem durante su década de Gobierno (1989-1999). Buena parte de las empresas públicas privatizadas luego terminarían volviendo a manos del Estado a partir de la defectuosa administración suscitada.
