El gobierno de Javier Milei comienza la nueva temporada de ajuste y recortes de derechos. Envía al congreso reformas, como la laboral, que implica una fuerte ofensiva contra trabajadores, reduce las indemnizaciones por despido y otros beneficios.

También impulsa una descentralización del mecanismo de pago para los despidos sin causa, ya que se agregaría la posibilidad de que se realice a través de sistemas de fondos o seguros sectoriales de cese laboral, si lo dispone así la negociación colectiva.

El texto apunta a ordenar uno de los focos históricos de litigio laboral: la forma en que se calculan las indemnizaciones y los intereses que luego se discuten en los juicios.

El plan prevé una reducción significativa de los montos que recibirán los trabajadores en los casos de desvinculación decidida por la empresa.

La nueva base de cálculo desafecta ítems clave, como el aguinaldo (un sueldo anual complementario a las remuneraciones), que quedaría fuera de la cuenta.

También limita la aplicación de intereses sobre el monto de la indemnización.

La propuesta se armó sin consulta a los gremios e introduce modificaciones sobre aspectos como las vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad, que son visiblemente perjudiciales a los trabajadores.

Según el borrador del texto, los beneficios sociales como las vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios no serán considerados “salarios en especie” y no serán tomados en el cálculo indemnizatorio frente a un despido.

Asimismo, crea un nuevo sistema obligatorio para financiar las indemnizaciones por despidos, que se conformará con una contribución obligatoria del 3% de las remuneraciones del trabajador.

Por otra parte, el plan también planea una importante rebaja de las contribuciones y cargas patronales para fomentar la generación de empleo genuino y “acabar con el trabajo en negro”, es decir, las contrataciones fuera de normativa.

Sin embargo, sindicatos advierten que el Gobierno de Milei “busca reducir el costo laboral de las empresas y flexibilizar las condiciones de contratación” y también admitieron que “se intenta tener bajo cierto control el derecho de huelga y los aportes de los afiliados a los sindicatos”, una masa de dinero que da poder económico a los gremios.

El proyecto golpea ferozmente las leyes que protegen la actividad sindical.

Fija categorías de servicios esenciales o actividades de importancia “trascendental” impedidos de hacer huelgas, con lo que se retoma el espíritu dispuesto del en el gigantesco decreto 70/23 cuya aplicación fue frenada por la Justicia y aguarda un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema.

También se limita la realización de las asambleas y afirma que “se descontarán salarios en caso de asamblea o medidas de protesta”. Por otra parte, fija como “infracciones graves” el bloqueo o las tomas de las empresas.

Si avanza el programa de Milei, se transformará completamente en Argentina el esquema de gremios y sindicatos que rige desde la década del 50, un espacio dominado tradicionalmente por el peronismo, hoy el núcleo de oposición más duro al oficialismo, junto a la izquierda.

Dirigentes sindicales consideran que es un “plan regresivo para los derechos de los trabajadores”, que busca “abaratar costos al empresariado” y que no apunta al “consenso” y, por lo tanto, “defiende intereses sectoriales”.